El frente Arcesio Niño del Estado Mayor Central de las FARC es una amenaza para las comunidades que temen la vulneración de sus derechos.
Las comunidades de Cumaribo, en el departamento del Vichada, viven en zozobra por la reactivación y expansión del frente Arcesio Niño de las FARC, que representa una amenaza significativa para los derechos de los habitantes de la región. La difícil situación de orden público llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que emitió una alerta con el objetivo de que las autoridades nacionales, departamentales y locales implementen medidas urgentes.
La alerta destaca que las familias que residen en las inspecciones de Puerto Príncipe, Werima y Chupave, así como las comunidades indígenas de los resguardos Saracure Río Cada, Cali Barranquilla, Chocón y Caño Cawasi, están en riesgo debido a las intenciones de la célula guerrillera de controlar el vasto territorio rural de Cumaribo. La presencia de este grupo ilegal puede ocasionar enfrentamientos con otras facciones armadas, como el ELN y el Clan del Golfo, lo que pone en peligro los derechos fundamentales de las comunidades, incluyendo la vida, seguridad, libre movilidad y acceso a servicios esenciales.
Así las cosas, la Defensoría del Pueblo instó a la activación del Sistema de Prevención Rápida para mitigar los riesgos identificados y proteger a la población. Entre las recomendaciones se incluye la necesidad de acciones integrales de protección desde una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
La entidad garante de los derechos humanos insistió en que el Ministerio del Interior gestione la alerta de manera inmediata, convocando sesiones de seguimiento y coordinación. Asimismo, el Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Naval de Oriente, incremente su presencia y control en las áreas afectadas.
Además, sostuvo que la Fiscalía tiene un papel crucial en fortalecer los procesos de inteligencia y judicialización de las actividades del grupo armado. Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con la Gobernación del Vichada y la Alcaldía de Cumaribo, debe llevar a cabo capacitaciones y establecer mecanismos de protección para líderes comunitarios en riesgo, con un enfoque diferencial que considere las particularidades campesinas, étnicas y territoriales.
La Defensoría del Pueblo subrayó la urgencia de estas medidas para evitar la materialización de conductas que vulneren los derechos humanos y asegurar la protección de la población en Cumaribo.
