Aunque ahora pose ante los medios de comunicación y Gustavo Petro como un personaje digno de confianza, su nombre aparece vinculado a un proceso disciplinario activo en la Procuraduría y su hermano, William, fue condenado a 16 años de cárcel por un millonario desfalco.
A Alfredo Saade Vergel lo conocen muy bien en el Cesar, no solo porque estuvo al frente del Área Metropolitana de Valledupar, sino también porque es hermano de William Saade Vergel, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda departamental, que protagonizó uno de los desfalcos más sonados en la Costa a principios del 2000.
Según consta en documentos de la Corte Suprema de Justicia, William Saade Vergel junto con Lucas Gnecco Cerchar, gobernador del Cesar, durante el período 1998-2000 y Wilson Enrique Molina Jiménez, secretario de Educación y Cultura, le dieron vida jurídica a 11 decretos que “tuvieron como finalidad suscribir 101 contratos relacionados con el sector educativo, por la suma de $9.680’620.317, en cuyo trámite, celebración y liquidación se incumplieron sistemáticamente los requisitos legales exigidos para tales efectos, atinentes a los principios de planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía”.
Los magistrados de la Corte pudieron comprobar, basados en el dictamen del Cuerpo Técnico de Investigación, que “el valor pactado en dichos negocios jurídicos en muchos casos superó los precios fijados en el mercado para los bienes y servicios objeto de los mismos, y en otros, el objeto contractual fue totalmente incumplido, con lo cual se generaron sobrecostos por la suma de $4971 millones de pesos”.
La investigación pudo determinar que durante ese periodo y particularmente en la firma de los 101 contratos en comento “se incurrió en multimillonarios sobrecostos de los cuales se apropiaron los nombrados colaboradores con destino a la financiación de sus campañas para la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, en su orden, para el período 2001-2003”.
En el desarrollo de las actividades de investigación y recolección de pruebas, la Fiscalía hace “el descubrimiento durante el allanamiento y registro practicado en la residencia de William Saade, Secretario de Hacienda, de $174’000.000 en efectivo”, el ente acusado no tiene duda alguna en cuanto a que “esos dineros fueron destinados a satisfacer las aspiraciones electorales de William Saade Vergel a la Gobernación del Departamento del Cesar en el período 2001-2003”.
Antes de que saliera del país con rumbo desconocido para evadir la justicia “la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 16 años de cárcel al exsecretario de Hacienda del Cesar William Saade Vergel como responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y falsedad en documento”.
Pilatunas administrativas del ‘pastor’ Saade
Aunque los delitos no son de sangre, vale la pena mencionar que Alfredo Saade Vergel ha estado siempre pendiente de su hermano y ha tratado desde todos los escenarios de defenderlo y evitar a toda costa que la justicia lo alcance.
El exprocurador Carlos Ossa Escobar aseguró a EL Tiempo que las denuncias contra él, hechas por el autodenominado Pastor y líder cristiano eran retaliaciones porque estaba “investigando fiscalmente a su hermano William Saade, por irregularidades en el Institucional Nacional de Adecuación y Tierras (Inat) y en la Secretaría de Hacienda del Cesar, por la desviación de más de ocho mil millones de pesos destinados a la educación. Además, le fue dictada medida de aseguramiento con base en nuestra investigación”.
Con lo dicho hasta aquí y después de los resultados que arrojó la Auditoría hecha por la Procuraduría al Área Metropolitana de Valledupar, puede insinuarse que las acciones y omisiones encaminadas al detrimento público y violación de normas básicas de contratación y administración pública le vienen de cuna a Alfredo Saade.
En el documento firmado por César Cerchiaro de la Rosa como contralor general del Cesar, se detallan inicialmente las acciones irregulares cometidas en contra la figura de la caja menor, pues, se pudo comprobar en el marco del procedimiento que estos recursos eran destinados, sin ninguna justificación ni control a compra de flores, productos de cafetería y objetos de uso personal.
“La caja menor se constituye mediante resoluciones del director al inicio de las vigencias 2017 y 2018, por el valor casi total de las apropiaciones presupuestales iniciales de Materiales y Suministros y Combustibles y Lubricantes y todo el gasto ejecutado en cada vigencia en estas dos apropiaciones, se hizo a través de caja menor”, dice el Informe y a renglón seguido explica la falla así: “Es decir que no se realizaron contratos para la ejecución del gasto, como está establecido para las entidades del Estado bajo el régimen de la Ley 80 de 1993; correspondía realizar por lo menos contratos de suministros de combustible, de materiales de aseo, mensajería, papelería, tintas y recargas de 32 tóner. Estos son gastos recurrentes y previsibles, de ninguna manera son imprevistos”.
En otro de los apartes, la Contraloría pudo determinar que se ejecutaron fondos sin soporte de legalización y que, además, se hicieron retiros mensuales sin justificación legal ni documental de la cuenta de ahorros del Área Metropolitana de Valledupar. “En la vigencia 2018 se realizaron nueve (9) retiros por valor de $1,000,000 cada uno en los meses de enero 11, febrero, marzo, abril, mayo 21, junio 12, julio 12, agosto 22, septiembre 13, para un total de $9,000,000; observándose $4,000,000 de los meses de marzo hasta junio 2018, sin soporte de legalización, es decir la relación de giros soportada con las facturas debidamente firmadas”, detalla la Contraloría.
Insiste el ente de control en que las irregularidades fueron sistemáticas, ocasionaron detrimento y estaban protegidas por el cargo que ostentaba el implicado: director del Área Metropolitana de Valledupar. “No se observa que se hayan expedido las resoluciones de reconocimiento del gasto por parte del director de la entidad, tampoco comprobantes de egresos por cada retiro de la cuenta legalizado, los cuales deberían estar anexos en el expediente en el cual se archivan los documentos de la caja menor”.
La contraloría también cuestiona el incumplimiento de las normas que regulan la legalización de recursos públicos. “Aunque fueron presentados algunos recibos y facturas no son soporte suficiente y verídico, como legalización de los fondos de caja menor. En la vigencia 2017 se realizaron diez retiros para el fondo de caja menor por valor de $12,000,000 (doce millones de pesos). Observándose sin legalización $2,500,000, de los retiros realizados el 5 de abril 2017 y el 13 de septiembre de 2017. Se constituye detrimento por pérdida de los recursos de $6,500,000”, se lee en otro de los apartes del documento de 65 páginas.
Aunque en plena campaña Alfredo Saade Vergel aseguró que el proceso disciplinario que siempre se le enrostraba había sido archivado, la página de la Procuraduría dice lo contrario, pues el 11 de octubre de 2021 profirió auto de Investigación Disciplinaria, en el marco del proceso radicado bajo el número E-2019-795235 D-2019-1440423, adelantado por la Procuraduría Regional del Cesar. Está claro pues, que William y Alfredo Saade Vergel más que los apellidos, comparten también su interés nefasto por adueñarse de los recursos públicos.
Finalmente, en atención a este negro expediente, el Gobierno Petro tendrá que pensársela dos veces antes de entregarle a semejante persona una entidad con personal a cargo y presupuesto disponible, porque contrario a lo que pueda decir, utilizando la religión y citando la biblia, a Alfredo ‘el pastor’ Saade Vergel, le circula la corrupción por las venas.
