La presidenta del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño (Cgen) confirmó las invasiones a haciendas que se vienen presentando en la Región de El Cumbal y pidió claridad sobre las políticas que se adoptarán para defender la propiedad y bienes de los ganaderos afectados por esta oleada de ocupaciones ilegales.
A través de un video que circula en redes sociales, la presidenta del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, Myrian Soraya Arias Contreras, se refirió a la difícil situación que están viviendo los ganaderos de todo el país por los elevados costos de producción.
“Quiero enviar un mensaje solidario a todos los ganaderos de Colombia y en especial a los de Nariño que durante décadas han trabajado arduamente para garantizar la seguridad alimentaria del país. Ellos ha venido trabajando incansablemente muy a pesar de las difíciles circunstancias que están viviendo, no solo por el alto precio de los insumos que cada día aprietan más el negocio y no permiten al ganadero tener una rentabilidad mínima para tener una vida digna” dijo la dirigente gremial.
Myrian Soraya Arias también confirmó con bastante preocupación que otro de los problemas que deben afrontar en este momento los ganaderos que representa, son las ocupaciones ilegales que vienen ejecutando organizaciones indígenas de la zona, emulando las acciones del CRIC en el Cauca.
“Adicionalmente, tenemos una situación compleja en el país y ahora en el departamento de Nariño por la toma de las tierras de algunos ganaderos en la Región de El Cumbal. El viernes un grupo de personas tomaron la hacienda de un ganadero, nosotros estamos aquí haciendo un llamado respetuoso al Gobierno Nacional, a los Ministerios de Agricultura y Justicia para que nos apoyen y nos rodeen y según los compromisos de este gobierno nos puedan proteger también”, detalló la también gerente general de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño (Colácteos).
Cabildo indígena no desalojará haciendas invadidas
Casi al mismo tiempo que la dirigente gremial hacía visible su preocupación por todos los hechos que pueden derivar de una ocupación ilegal, integrantes del cabildo indígena del Gran Cumbal justificaban la invasión a través de un comunicado de prensa.
En el oficio publicado por varios medios de comunicación regionales, los indígenas aseguran que no están ejecutan ninguna acción ilegal, sino que por el contrario, están reivindicando ‘derechos de propiedad ancestrales’. “No somos invasores, si no recuperadores de nuestras tierras herencia de nuestros mayores”, se lee en el comunicado.
En otro de los apartes de la misiva dirigida a la sociedad en general, se enumeran algunos elementos de tipo legal que según ellos respaldan la ocupación que vienen adelantando. “Los argumentos jurídicos para la recuperación de la tierra han sido la Ley de Origen, la Ley Natural y el Derecho Mayor, los amparos posesorios, la escritura 228 de 1908, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT, la Constitución de Colombia de 1991 y todo el bloque de constitucionalidad que ampara y protege nuestros derechos colectivos”, dice el boletín.
Los indígenas, como hiciera en su momento el cric, aseguraron que contrario a contener las ocupaciones ilegales, seguirán adelante con el proceso de ‘liberación de tierras’ y exigieron al Ejército y la Policía “no intervenir militarmente para no provocar alteraciones en el orden público, garantizando el bienestar de los pueblos indígenas en el marco de la paz y la armonía”.
Según trascendió, la ocupación ilegal se llevó a cabo en una finca de propiedad del señor José Herrera, quien habría rechazado de plano ofertas de compra por parte de la organización indígena en el pasado y ahora, con más de 200 personas ilegalmente ocupando el predio de 50 hectáreas proponen renegociar.
“Ante esta decisión colectiva [de invadir el predio] se espera el pronunciamiento del Cabildo de Cumbal liderada por el señor Ponciano Yama y el propietario JoséHerrera para los acercamientos y continuar con la negociación de la finca bajo el principio de la oferta voluntaria y para solventar necesidades de tierra para algunos comuneros que carecen de ella. Los recuperadores manifiestan que hay otras fincas que están focalizadas para este fin”, sentencia el comunicado de prensa en comento.
Necesitamos directrices claras del gobierno: Cgen
Por su parte, Myrian Arias Contreras criticó la laxitud del gobierno nacional frente a este preocupante panorama y constante desafío de las organizaciones indígenas a las autoridades legalmente constituidas y solicitó acciones concretas para proteger efectivamente la propiedad privada, pues, hasta ahora, considera que son más las dudas que las certezas que a este respecto ha dejado el actuar del gobierno Petro y su gabinete ministerial.
“Los ganaderos no pueden todos los días levantarse a cumplir su labor con la zozobra de que van a ser invadidas sus tierras, necesitamos desde hoy y en adelante una política clara sobre la protección que se le va a brindar a esta honrosa labor. Así como todos los colombianos merecemos una protección y respeto por nuestra profesión, de igual manera nuestros ganaderos levantan la vos pidiendo lo mismo”, dijo con vehemencia la presidenta del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño.
Finalmente, solicitó más empatía del pueblo colombiano y las organizaciones del Estado para con el gremio ganadero. “Esperamos que el Gobierno y toda la ciudadanía entiendan nuestra preocupación. Y ya que hasta el momento no conocemos las políticas que van a dar alivio a los ganaderos, sí podamos entender y recibir las directrices del gobierno de cómo vamos a proteger desde los centros gubernamentales las tierras que con honestidad y claridad han obtenido y de las cuales han venido siendo propietarios por décadas. Agradezco que el gobierno nos informe cómo debemos actuar”, concluyó Myrian Soraya Arias.