Expertos enviaron una misiva al Congreso alertando por una iniciativa peligrosa para la salud de las finanzas públicas. Solicitan al gobierno hacer una discusión más amplia del proyecto de ley.
Desde que el presidente Gustavo Petro dijo en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que la Nación tenía serios problemas con el flujo de caja, el hueco fiscal se ha hecho cada vez más evidente en distintos frentes y con variados efectos.
Uno de esos, puede ser el incumplimiento de la Regla Fiscal que muchos analistas e instituciones vaticinan. A pesar de este panorama complejo, el déficit financiero y los bajos índices de recaudo presentados el último año, el Gobierno Nacional ha programado una serie de obligaciones financieras para la próxima vigencia, las cuales, a juicio de un amplio sector de la opinión y la cosa pública, no tienen sustento técnico.
Iniciativa desfinanciada
A través de una carta enviada a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, varios economistas que han estado al frente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, alertaron sobre lo inconveniente de aprobar una iniciativa que plantea el aumento progresivo de las transferencias de la Nación a los entes territoriales.
“Vemos con preocupación el avance que ha tenido en el Congreso Nacional el Proyecto de Acto Legislativo 018/2024 Senado y 437/2024, Cámara, por medio del cual se incrementan los recursos del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios hasta llegar a ser como mínimo el 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy en día, dicha participación, tomando como base el presupuesto presentado por el gobierno nacional para el 2025, es del 25,7%”, se lee en la misiva.
A renglón seguido hace un detalle pormenorizado de todos los gastos en los que incurre el Estado durante un año y que su financiación o sostenimiento son de obligatorio cumplimiento, las cuales, según los cálculos realizados, sobrepasan por mucho los ingresos.
“Los gastos inflexibles del presupuesto general de la Nación ascienden, según el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno, e incluyendo el Sistema General de Participaciones, a la suma de $362,4 billones, es decir el 113% de los ingresos corrientes proyectados por el gobierno, aun incluyendo dentro de éstos los $12 billones adicionales con los que espera contar si se aprueba la Ley de Financiamiento”, advierten los firmantes de la comunicación.
El articulado no es claro
La problemática que se avizora, agravada por los números negativos de Ecopetrol, principal fuente de ingresos del país pone al ejecutivo en terrible predicamento, cuya única solución factible es el incremento de la deuda pública.
Otra de las consecuencias del proyecto de Acto Legislativo que se discute, es el incremento de las obligaciones inflexibles dentro del presupuesto y la imposibilidad de girar los recursos comprometidos, eventos que podrían atentar contra normas superiores relacionadas con los márgenes de endeudamiento.
“La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55% del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71% del PIB, establecidos en la ley 2155 de 2021”, precisa el documento.
Como si esto fuera poco, también denuncian que no hay claridad en el articulado sobre las competencias que redistribuyen debido al aumento de las transferencias, es decir, no hay claridad en cuanto a las responsabilidades que dejarán de ser de la Nación y que asumirán las entidades territoriales.
Finalmente, señalan que, aunque ven con buenos ojos la descentralización de los recursos públicos, este proceso debe hacerse de tal modo que no afecte la estabilidad financiera y macroeconómica del país, razón por la cual, solicitan se abra la discusión a todos los interesados y conocedores del tema.
“Los suscritos firmantes hacemos un llamado a los Honorables Senadores y Representantes a reconsiderar este proyecto de acto legislativo, y a que se abran los escenarios de discusión con la academia, los representantes de las autoridades territoriales y la sociedad civil, para que el país su conjunto estudie y resuelva el escenario de descentralización fiscal que más convenga al bienestar de toda la población colombiana”, apremia la carta.
