El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante admitió la acción judicial interpuesta por la filial española contra la casa matriz colombiana. El proceso gira en torno a la titularidad y explotación de la marca en Europa y a presuntos daños económicos y reputacionales que, según la demandante, ascenderían a varias decenas de millones de euros.
El conflicto legal entre Frisby España SL y Frisby SA BIC Colombia entró en una nueva fase luego de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante admitiera a trámite la demanda presentada por la compañía con sede en España.
Con esta decisión, la justicia española notificó a la empresa colombiana que dispone de un plazo de dos meses para responder formalmente a las pretensiones y argumentos expuestos por la parte demandante.
La disputa enfrenta a la sociedad que ostenta derechos de marca en la Unión Europea con la matriz colombiana, ampliamente reconocida en el mercado latinoamericano de comida rápida. El eje del litigio está en la titularidad y el uso del nombre comercial en territorio europeo, así como en señalamientos públicos que, según la firma española, le habrían ocasionado perjuicios económicos y afectaciones a su reputación.
En su demanda, Frisby España reclama tres tipos de compensación. En primer lugar, solicita el pago de las utilidades que, a su juicio, la compañía colombiana habría obtenido de forma indebida a raíz de la alta exposición mediática que tuvo el conflicto jurídico en Colombia y Europa entre mayo y diciembre de 2025.
Como segunda pretensión, la firma española pide la restitución de lo que califica como un enriquecimiento patrimonial y reputacional derivado de acusaciones públicas de “robo, agresión o usurpación”, que, según sostiene, se difundieron ampliamente en Colombia, donde Frisby SA BIC mantiene una fuerte presencia comercial.
El tercer componente de la reclamación corresponde a una indemnización por daños y perjuicios relacionados con la divulgación de información que considera inexacta o incompleta. De acuerdo con la demandante, esas comunicaciones habrían generado un impacto negativo significativo en su actividad comercial y en su imagen dentro del mercado europeo.
La compañía española argumenta que en la narrativa pública impulsada por la firma colombiana se omitieron aspectos jurídicos relevantes, entre ellos la existencia de procesos abiertos sobre el uso de la marca y los registros concedidos en la Unión Europea.
Por ahora, el monto exacto de la reclamación no ha sido fijado. Sin embargo, Frisby España solicitó al juzgado la práctica de una prueba pericial contable y un análisis técnico de activos intangibles para establecer de manera objetiva el alcance del presunto enriquecimiento indebido y de los daños alegados.
En un comunicado remitido a medios, la empresa indicó que, de forma preliminar, las pretensiones económicas acumuladas podrían ubicarse en varias decenas de millones de euros, cálculo sustentado en la comparación de los resultados financieros obtenidos por la compañía colombiana durante el periodo en controversia frente al año inmediatamente anterior.
