La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares denunció la exclusión de su delegado y expresó serias preocupaciones sobre el rumbo de los diálogos de “Paz Total”.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), en representación de 80 organizaciones integradas en la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, anunció la terminación de su participación en el proceso de negociación que el Gobierno adelanta con el grupo armado ilegal autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Según el comunicado dirigido a la opinión pública, la decisión se tomó tras la exclusión del coronel (r) Jaime Ariza Girón, delegado de ACORE y de las organizaciones de veteranos, de la mesa de diálogos.
La participación de este representante había sido acordada previamente con el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, y formalizada por el jefe negociador, Armando Novoa, quien posteriormente desconoció su designación.
La organización explicó que la salida de su delegado se produjo luego de varios desacuerdos al interior de la mesa, entre ellos un reclamo formal por el intento de homicidio e incineración de miembros del Ejército Nacional en Putumayo, zona de influencia del grupo armado, y una recomendación institucional sobre la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias Araña, condicionada a la desmovilización inmediata de toda la estructura ilegal.
La Asociación señaló que dichas recomendaciones fueron construidas con el apoyo de un equipo asesor de reservistas, presentadas de manera respetuosa y con el propósito de contribuir a decisiones acordes con el ordenamiento jurídico, la institucionalidad y la obtención de resultados concretos en la negociación.
No obstante, el jefe negociador consideró inaceptable la discrepancia de criterio expresada por el delegado de los oficiales en retiro.
En su pronunciamiento, ACORE manifestó profundas preocupaciones frente al desarrollo de los diálogos de Paz Total, entre ellas el riesgo de que las denominadas “transformaciones territoriales” legitimen el control de la población civil por parte de estructuras armadas ilegales, la convergencia con economías ilícitas y la consolidación de una gobernanza de facto en los territorios.
Asimismo, advirtió sobre la ausencia de un marco legal para cerca del 40 % de los integrantes del CNEB, el posible impacto de estas estructuras en el proceso electoral de 2026, la falta de garantías reales de no repetición y de desarme efectivo, así como el peligro de nuevas disidencias motivadas por el control de economías ilegales.
También cuestionó la impunidad frente a crímenes cometidos durante el cese al fuego, como el reciente ataque contra soldados en Putumayo.
ACORE y las organizaciones de Fuerza Púrpura reiteraron su compromiso con la paz, pero insistieron en que los procesos de diálogo deben desarrollarse dentro del marco constitucional, el Estado de Derecho y el respeto a la institucionalidad y a la dignidad de la Fuerza Pública.
Señalaron que continuarán apoyando iniciativas de reconciliación siempre que se adelanten con firmeza y sin concesiones que consideren inaceptables.
