El gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas manifestó su preocupación por la incertidumbre tras la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado y pidió al Gobierno expedir con celeridad el acto transitorio que dé claridad a empleadores y trabajadores.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) expresó su preocupación por la incertidumbre jurídica que se generó tras la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.
El Consejo de Estado suspendió los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y, como medida cautelar, ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar un decreto sustitutivo en un plazo de ocho días calendario desde la notificación. Este nuevo acto deberá fijar un porcentaje y valor transitorio que regirá mientras se adopta una decisión definitiva dentro del proceso judicial.
Según ACOPI, la situación impacta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte significativa de la contratación laboral en el rango del salario mínimo.
El gremio señaló que actualmente miles de empleadores formales no tienen certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos, lo que afecta la planeación financiera y la estabilidad operativa.
“El principal riesgo es que la incertidumbre jurídica se traslade a la operación empresarial y a la garantía del ingreso de los trabajadores”, indicó el gremio, al hacer un llamado al Gobierno para que actúe con celeridad y dentro del marco legal, garantizando claridad normativa y seguridad jurídica.
ACOPI subrayó que la economía real no puede operar en un “limbo jurídico” y que tanto empleadores como trabajadores requieren reglas claras para cumplir con el pago oportuno de salarios y tener certeza sobre la remuneración.
También reiteró que la fijación del salario mínimo debe abordarse con un enfoque integral que tenga en cuenta variables como productividad, inflación, capacidad de pago empresarial, realidad sectorial y regional, así como el impacto sobre la formalidad laboral. Advirtió que un ajuste que desborde la capacidad de las empresas podría traducirse en mayor informalidad, menor contratación y cierre de unidades productivas.
