El gremio cuestiona el Decreto 0182 de 2026 por redistribuir afiliados entre EPS y alertó que la medida podría afectar a más de 24 millones de usuarios. Señala posible desacato a fallo del Consejo de Estado.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) lanzó una fuerte advertencia frente a la expedición del Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional modifica las reglas de operación del aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional.
Según el gremio, la medida plantea serios desafíos operativos y financieros para el sistema y podría agravar la actual crisis de atención a los usuarios.
El decreto establece que las EPS solo podrán operar en los territorios donde cumplan con un porcentaje mínimo de afiliados, lo que en la práctica implica una redistribución masiva de la población entre aseguradoras.
De acuerdo con ACEMI, la aplicación de esta norma generará el retiro de algunas EPS de municipios donde no alcanzan el umbral exigido, la asignación de nuevos afiliados a otras entidades y una mayor concentración de usuarios en la Nueva EPS, que se consolidaría como el principal operador del aseguramiento en el país.
El gremio advirtió que el contexto actual del sistema dificulta una redistribución equilibrada. Ocho EPS se encuentran bajo medida de intervención y concentran más de 24 millones de afiliados, con resultados financieros críticos y altos niveles de insatisfacción entre los usuarios.
En ese escenario, trasladar población desde unas entidades hacia otras —también con dificultades— representa, según ACEMI, un alto riesgo para la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el impacto sobre la Nueva EPS. Según cálculos del gremio, la entidad, que actualmente cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, recibiría 2,6 millones adicionales, lo que representa un incremento del 22,6% en su población asegurada.
ACEMI sostiene que la situación financiera de esta EPS es incierta, pues no presenta estados financieros desde 2023, y que ha evidenciado problemas en la red de prestación, demoras en entrega de medicamentos y dificultades en la atención de procedimientos, lo que pondría en duda su capacidad para asumir nuevos usuarios.
El gremio también alertó que otras EPS intervenidas podrían registrar incrementos cercanos al 40% en su número de afiliados, mientras que las EPS afiliadas a ACEMI que no están bajo intervención perderían más de 800.000 usuarios.
Además de los reparos técnicos y financieros, ACEMI cuestionó la legalidad del decreto al señalar que reproduce casi en su totalidad el contenido del Decreto 0885 de 2025, suspendido por el Consejo de Estado en octubre de ese mismo año. Para la asociación, la expedición de una norma con contenido similar podría constituir un desacato al fallo judicial.
El gremio reiteró que, si bien la territorialización del aseguramiento puede ser razonable bajo criterios de eficiencia, se trata de una modificación estructural que debería tramitarse mediante una ley y no por vía reglamentaria. En su concepto, el sistema requiere medidas urgentes de estabilización que detengan el deterioro en la atención de miles de pacientes y familias.
