La denuncia, interpuesta por el abogado de Petro, sostiene que declaraciones sobre Iván Márquez generaron confusión diplomática y legitimaron a un actor armado ilegal. La acusación vincula el episodio con el atentado contra Miguel Uribe Turbay y fue difundida por Melquisedec Torres.
El abogado del presidente Gustavo Petro, Pedro Alejandro Carranza Cepeda, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el excanciller Álvaro Leyva, señalando que una declaración suya en agosto de 2023 excedió sus funciones y anticipó una “narrativa de violencia política” que se conecta con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.
La información fue difundida inicialmente por el periodista Melquisedec Torres, quien citó apartes del escrito en el que Carranza sostiene que Leyva, al afirmar públicamente que Iván Márquez —líder de una disidencia de las FARC— estaba vivo, contradijo reportes de inteligencia que apuntaban a su posible muerte en 2022.
Según el abogado, esta declaración, emitida sin autorización presidencial ni competencia legal, “generó confusión diplomática y legitimó simbólicamente a un actor armado ilegal, afectando la credibilidad del Estado en materia de seguridad”.
En el documento se citan pronunciamientos de la Corte Constitucional que establecen que las vocerías internacionales del Estado deben ajustarse a las directrices presidenciales. También se incorpora doctrina del exalto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien advierte que la “validación discursiva” de líderes insurgentes por funcionarios públicos puede operar como una “garantía informal de impunidad” y alimentar la percepción de vigencia de estructuras armadas ilegales.
Aunque reconoce que este hecho “no configura un delito directo”, Carranza argumenta que constituye un favorecimiento indirecto a grupos armados y “refuerza la hipótesis de instigación a delinquir” al contribuir a un clima de polarización violenta. En ese sentido, plantea un nexo indiciario con el atentado contra Uribe Turbay, atribuido a una disidencia vinculada a Márquez.
Finalmente, el jurista solicita a la Fiscalía investigar con rigor, apoyándose en peritajes técnicos, cruces de información y testimonios, mientras el Gobierno desarrolla una estrategia comunicacional para contrarrestar la narrativa atribuida a Leyva y reafirmar la legitimidad presidencial. Hasta el momento, el excanciller no ha respondido públicamente a estas acusaciones.
