Ganaderos alertan sobre el deterioro de la seguridad en el campo y piden acciones contra este y otros delitos que vienen afectando duramente la economía de la región. Solicitan aplicar las circunstancias de agravación punitiva debido a que hay sacrificio y participación coordinada de varias personas.
La violencia contra la producción ganadera volvió a quedar en evidencia en el sur de La Guajira. En una finca del sector Villa del Río, en San Juan del Cesar, tres hombres ingresaron de madrugada, sustrajeron dos reses y las sacrificaron en un predio cercano. Las cámaras de seguridad captaron toda la maniobra y se convirtieron en la principal prueba de un delito que afecta de manera creciente a los productores de la región.
En las imágenes, se observa con claridad cómo dos sujetos aparecen primero por una zona lateral de la cerca y abren con experticia el acceso al corral, mientras manipula las cerraduras, el otro, se queda unos pasos detrás en actitud de vigilancia del entorno, lo que según analistas de seguridad sugiere una distribución adecuada de roles.
A continuación, ambos hombres, habiendo ejecutado esa primera acción, consuman el delito de abigeato al arrastrar las reses hasta un paso contiguo que conecta con un potrero vecino. Estando allí, aparece un tercer sujeto, quien corre hacia ellos para aligerar el traslado.
Los resultados nefastos de esa incursión registrada por los circuitos cerrados de televisión, solo fueron visibles al amanecer, cunado los propietarios de la empresa ganadera hallaron restos óseos y vísceras dispersas en un sector fuera del alcance de las cámaras.
Más allá del valor comercial inmediato, la dimensión económica del ataque es considerable. Una res en plena etapa productiva puede costar alrededor de $6 millones, pero su potencial es mucho mayor: un animal bien manejado puede completar hasta diez partos, entre crías y producción de leche. Esa proyección sitúa el lucro cesante en torno a $170 millones por ejemplar, cifra que incluye años de trabajo, manejo sanitario y alimentación especializada.
En este caso, las pérdidas superan los $300 millones, un golpe que desestabiliza a cualquier unidad productiva. La presión financiera se agrava por la necesidad de invertir en seguridad: cámaras, cercas reforzadas, iluminación nocturna o vigilancia privada, recursos que se han convertido en gastos obligatorios para pequeños y medianos productores, que ya enfrentan costos elevados en insumos y transporte.
Desde el punto de vista penal, expertos precisan que en este caso se configura claramente el abigeato en la modalidad de arreo, delito previsto en el Artículo 243 del Código Penal, que contempla penas entre 60 y 132 meses de prisión. El hurto registrado en video activa además varias circunstancias de agravación previstas en el Artículo 243-A, las cuales pueden aumentar la pena hasta la mitad, como el sacrificio de los animales y la participación de varias personas.
Voceros de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) apremian a las autoridades administrativas y de policía de la región para que refuercen las medidas y estrategias de seguridad para evitar que este tipo de situaciones sigan afectando el normal desarrollo de las actividades productivas.
Finalmente, solicitaron a todos sus agremiados afectados por la delincuencia a presentar las querellas y denuncias según el caso para activar los protocolos legales de atención, además, hacer uso de la aplicación Seguridad ganadera que permite hacer seguimiento de las noticias criminales en tiempo real.
