Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
El artículo 198 de la Constitución Política Colombiana consagra “El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”, responsabilidad que es entendida como la capacidad para asumir compromisos y responder por las consecuencias de su actuar.
Entre los deberes que corresponden al Presidente de la República, según el artículo 189 de la Carta Superior, se encuentran los de dirigir la fuerza pública y disponer de ella, así como conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado; fuerza pública que de conformidad con el artículo 216 siguiente se integra por las fuerzas militares y por la policía, precisando el artículo 217 que “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, para enseguida, en el 218 establecer como finalidad de la Policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
Se impone, entonces, preguntarse si en los graves hechos ocurridos en San Vicente del Caguán en los cuales un policía fue asesinado y otra persona muerta, 78 integrantes del Esmad secuestrados (no retenidos, como ha dicho Min Interior) y destruidas las instalaciones de la empresa china Emerald Energy, se acataron por el Comandante en Jefe de la fuerza pública esas clarísimas disposiciones constitucionales.
Para contestar el anterior interrogante baste leer el Twitter que difundió el Presidente «la orden al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las Fuerzas Militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás.” Del contenido de su tuit emerge que no satisfizo sus obligaciones, que incumplió sus deberes constitucionales, es más, que actúo en contravía de ellos, luego debe responder.
Estos gravísimos hechos llevaron a la Fiscalía y a la Procuraduría a abrir investigaciones a dos de los ministros y el Fiscal conminó a los altos mandos de la Policía y del Ejército a buscar abogado ante las omisiones en que hubieran podido incurrir. ¿Y el Presidente …..?
Por supuesto. Dar la orden para impedir la intervención del ejército cuando la alteración del orden público la reclamaba, cuando el sometimiento a la policía que encierra la capitulación de todo el pueblo colombiano exigía su inmediata liberación y respeto, privilegiar a los violentos y desproteger a quienes cumplen la ley, constituye un actuar censurable, amén de posicionar una clara vía de hecho. Por otra parte, negar el auxilio a la Policía y dejar abandonado a su personal, pese a los llamados o clamores que ellos y sus familiares hacían, constituye una grave omisión de socorro que debe ser juzgada. El acompañamiento estatal debe brindarse oportunamente, no en las exequias de los uniformados masacrados.
Sin que sea admisible el intento de justificación del Presidente, para no rescatar a los 78 secuestrados, tal como lo ordena la ley, en la presencia de “7.000 campesinos” manifestantes, pues, Colombia tiene innegable e incuestionable prueba de la profesionalidad con que actúan sus militares, y si de manifestantes campesinos se trataba, lo que es dudoso, hay que decir que su derecho no es absoluto y que únicamente, internacional y nacionalmente, las protestas pacíficas, esto es, sin armas y sin violencia, sin actividades ilícitas, sin desorden público, sin desestabilización ni terrorismo, son legítimas y demandan la protección del Estado, que no aquéllas que atentan contra los derechos de los demás y son fuentes de disturbios, como la llevada a cabo en San Vicente del Caguán y que le sirve de disculpa al Presidente.
Es probable que esa conducta presidencial obedezca a la línea trazada con su ministro de defensa de “arrasar” y desmotivar a las Fuerzas Militares y de Policía, no en vano es en este gobierno donde se ha dado el mayor remezón a la fuerza pública, el que se acrecentó con lo acaecido en San Vicente del Caguán, en tanto que se tiene conocimiento del retiro voluntario de 32 Oficiales de la Policía. Y la seguridad del pueblo colombiano resquebrajándose día a día.
Situación que se presenta más crítica y grave ante los viles asesinatos cometidos. O será que “los manifestantes campesinos” gozan de esa particular atribución? Podría hablarse de complicidad? No puede desconocerse que la magistratura de la nación conocía a plenitud lo que ocurría en esa convulsionada región, pues, el gobierno había realizado con anterioridad visitas a esa zona sin dar solución.
El balance en pérdidas humanas y en daños morales y materiales es prueba fehaciente de la barbarie utilizada y no contenida por orden del Presidente. La compañía petrolera Emerald Energy ante ese escenario insostenible ha pedido rescindir el contrato de explotación de hidrocarburos en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán, Caquetá, y la salida de la empresa, a no dudarlo, repercutirá negativamente en el contexto social y económico de ese territorio.
De otro lado, las cuestionadas y reprochables intervenciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, antes que apaciguar los ánimos los incendiaron. La exaltación a la «guardia campesina» según él «instrumento muy hermoso» agravia a las víctimas, al igual que llamar al secuestro «cerco humanitario». Las tales guardias, que no son campesinas, no tienen reconocimiento legal. El proyecto que pretende crearlas, impulsado por el partido de Los Comunes (antiguas Farc), apenas va a agotar el primer debate. La experiencia de San Vicente del Caguán unida a la del Meta cuando “guardias campesinas” detuvieron a 30 soldados debe servir de soporte al legislativo para archivar el proyecto, en tanto no se puede permitir la creación de “repúblicas independientes” en el país, con total desinstitucionalización y desconocimiento de las autoridades. Colombia ya ha vivido esas prácticas y también conoce su desenlace. Que se fortalezcan las asociaciones campesinas, que no son actores armados, sino la unión de personas trabajadoras, pacíficas y comprometidas con el bien común. A esos verdaderos campesinos nuestro reconocimiento y respeto.
No puedo concluir sin mencionar el relato que hiciera después de su liberación el patrullero Jaime Silva, quien narró cómo fue asesinado el subintendente Monroy por una chusma que lo secuestró y llevó como “trofeo de guerra” al lugar donde fuera apuñalado, rescatándolo sus compañeros ya con graves heridas en forma esa si valerosa. Además, dejó conocer que los supuestos campesinos quemaron vivos a tres perros antiexplosivos que les acompañaban, proceder absolutamente contrario a la naturaleza del real campesino que valora y cuida esos animales. Mínimo, por las promesas del Presidente de lucha contra el maltrato animal, ya que el asesinato del subintendente se trató de justificar por todos los medios, debió reprochar esta otra atrocidad.
Quien ostenta la titularidad del poder político debe respetar la Constitución y la ley, porque como expresó Henry Fielding “Cuando termina la ley, empieza la tiranía”.
