A la cárcel por homicidios de líderes comunales

Fiscales de la Unidad Especial de Investigación lograron la judicialización de dos señalados integrantes de grupos criminales que habrían participado en los asesinatos de dos líderes comunales.

Dos presuntos integrantes de estructuras criminales fueron judicializados por los asesinatos de los líderes comunales Luis Fernando Gil Luján y Osvaldo Eliécer Bula, ocurridos en Medellín y Montería, respectivamente.

La decisión del juez se dio luego de petición de fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) quienes presentaron suficiente material probatorio.

Cárcel para ‘Pilancho’

El primer caso es el de Estiven de Jesús Blandón Henao, alias Pilancho, a quien un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, por ser el presunto responsable del homicidio del líder comunal Luis Fernando Gil Luján, ocurrido el 29 de septiembre de 2017, en Medellín (Antioquia).

El material de prueba presentado por la Fiscalía indica que Pilancho, en compañía de un grupo de hombres armados que se movilizaban en un vehículo, le habría disparado a la víctima, quien quedó gravemente herida y murió en un centro asistencial.

El señalado agresor, que haría parte de la organización delictiva La 40, huyó a Ecuador luego del crimen. En ese país fue capturado en atención a una solicitud de extradición y enviado a Colombia, donde fue imputado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Imputado ‘El Gordo’

Por otro lado, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Carlos Alberto Navarro Carmona, alias El Gordo, para vincularlo a una investigación relacionada con el asesinato del líder comunal Osvaldo Eliecer Bula, perpetrado el 25 de noviembre de 2022, en Montería (Córdoba), por hombres armados que se transportaban en una motocicleta.

‘El Gordo’, presunto integrante del Clan del Golfo, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.