En público quedaron al descubierto las diferencias entre dos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con la licitación de los pasaportes en Colombia. El incidente estuvo para alquilar balcón.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República fue el epicentro de una vergonzosa situación esta semana, según reveló en el periodista Daniel Coronell en la W Radio.
Un enfrentamiento a gritos entre la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la exfiscal Martha Lucía Zamora, y el canciller Álvaro Leyva Durán, alarmó a los visitantes de la dependencia.
Se escucharon gritos y acusaciones, Leyva señalando a Zamora y exclamando: “Usted no cuida al presidente… Ya usted ha oído lo que él piensa de los pasaportes”.
La discusión continuó con Leyva visiblemente exaltado, expresando su desinterés en condenar al Estado y desestimando el tiempo que tomaría un proceso en Colombia.
“A mí que me importa que condenen al Estado. Con lo que se demora un proceso en Colombia”; indicó Coronell y reiteró, “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”.
Los ataques verbales continuaron, provocando la respuesta tranquila de Zamora, quien afirmó que su labor era defender los recursos de los contribuyentes y que no haría nada ilegal.
La situación se originó por la solicitud realizada por la firma Thomas Greg and Sons para realizar una diligencia de conciliación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, requisito para entablar una demanda ante el contencioso administrativo por $120.000 millones por lo que los contratistas de los pasaportes consideran daños causados por incumplimientos de la Cancillería y su Fondo Rotatorio.
Entre tanto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomendó buscar una solución alternativa para evitar el multimillonario pleito al Estado.
En su cuenta de X, Zamora, rechazó este tipo de conductas. “Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”, agregó.
La decisión sobre el próximo curso de acción se tomará el 15 de diciembre en la segunda audiencia de conciliación en la Procuraduría General.
