Las Farc comente el mayor número de reclutamientos con el 91,1 % de todos los casos en el país.
En lo que va del año se han registrado en Colombia 166 casos de reclutamiento de niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, según considera la Defensoría del Pueblo, la cifra es mucho más alarmante debido al subregistro generado por el silencio de las familias, pues temen ser víctimas de hechos como desplazamientos, amenazas y, en el peor de los casos, asesinatos.
Desde el 2021, cuando la entidad habilitó el ‘Botón de registro de casos’ para este flagelo, ha sido reportado un total de 344 casos, de los cuales el 48 % corresponde al 2023; es decir, ha habido un aumento proporcional del delito.
Facciones de las Farc comente el mayor número de reclutamientos (con el 91,1 %), les siguen el ELN (7 %), otros grupos (1,3 %) y los grupos posdesmovilización AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros (0,6 %).
“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, señaló el defensor del Pueblo.
En su mayoría son indígenas
La Defensoría del Pueblo informó que la ocurrencia de reclutamiento afecta principalmente a la población indígena, donde se concentra el 75 % de los casos.
“Persiste una situación muy preocupante, por eso se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De los casos reportados a la entidad, el 59,6 % corresponde a niños y adolescentes y el 40,3 %, a niñas, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.
Zonas más afectadas
Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca, con 124; Nariño, nueve; Arauca y Putumayo, cada uno con seis, y Caquetá, con cinco casos. Los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, líderes sociales y sociedad en general denuncien.
