Nicholas Dale Leal, editor de El País para Colombia, criticó la actitud de Petro frente a la escalada del ELN y las FARC. “Y entonces, cómo no, llega el tuit del presidente pasada la medianoche del lunes al martes: 551 palabras en las que hace su diagnóstico sobre la situación de El Plateado, como si fuera un observador y no un protagonista”.
En su más reciente mensaje para los lectores colombianos, el editor de El País para nuestro país, Nicholas Dale Leal, escribió unas duras líneas sobre la denominada Paz Total del presidente Petro y la crisis que se ha generado por el accionar del Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC.
En APN compartimos el mensaje editorial completo que llegó ayer por correo electrónico:
Desde que fue propuesta como bandera por el presidente Gustavo Petro, hace un año y tres meses, la paz total va de crisis en crisis. Y con ellas naufraga la credibilidad de las negociaciones simultáneas que, en la teoría, entregarían a Colombia el fin de una violencia que se siente endémica e ineludible. Los últimos acontecimientos, protagonizados por dos grupos distintos, el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), una de las dos grandes disidencias de las extintas FARC, han echado súbitamente el freno a los diálogos del Gobierno con cada uno de ellos y han puesto en jaque el proyecto de paz en sí mismo.
Por un lado, el secuestro – un crimen que viola el Derecho Internacional Humanitario – por parte del ELN de los padres de quien es actualmente el mayor exponente del deporte nacional, el futbolista Luis Díaz, en medio de un cese al fuego bilateral que comenzó en agosto, es difícil de interpretar de otra manera que no sea como una afrenta directa a los diálogos. El Gobierno, comentaristas y analistas, así lo han tomado. El ELN liberó rápidamente a la madre de Díaz, pero el padre sigue en cautiverio. La guerrilla ha dicho en un comunicado que se trató de un error de un “comando en misiones económicas”, su eufemismo para describir las prácticas de secuestro y extorsión con las cuales se financian; dicen que de haber sabido antes que se trataba de los padres de “Lucho Díaz” no se los habrían llevado y que están trabajando intensamente por liberar a Mane, como es conocido el padre, cuanto antes, pero que no tienen las garantías de seguridad para hacerlo. Ojalá al momento en que lean este boletín, ya esté en libertad.
En cualquier caso, los diálogos ahora mismo están paralizados – aunque el alto al fuego formalmente sigue en pie, la misma guerrilla también ha declarado un paro armado esta misma semana en el Chocó – y su reanudación pende de un hilo. La cabeza del equipo de negociación del Gobierno, Otty Patiño, se ha trasladado a Cuba para intentar reencauzar el proceso con los máximos dirigentes de la guerrilla activa más antigua del continente. Sin embargo, desde fuera la confianza en el proceso se desmorona: el ELN tiene una estructura federal, con frentes y grupos autónomos en diferentes zonas del país y, crisis tras crisis, parece confirmarse el temor de que es más bien frágil la autoridad de los líderes que han estado negociando con el Gobierno.
Por otro lado, el proceso de negociación abierto más recientemente con el EMC también amenaza con naufragar, a menos de un mes del acuerdo de un cese de hostilidades inicial. El pasado domingo el grupo liderado por el esquivo Iván Mordisco suspendió su participación en la mesa y amenazó con romper las negociaciones de manera definitiva. El EMC acusa al Gobierno de incumplir sus compromisos, puntualmente de no retirar tropas de algunas zonas que habían acordado desocupar; aunque no existe ningún documento público que refiere tal compromiso. Además, el pasado domingo un comandante de una unidad militar aseguró que, mientras hacían labores de desminado en el cañón del río Micay (Cauca), 200 de sus hombres y él fueron secuestrados por el EMC – aunque afortunadamente a las pocas horas una misión humanitaria logró su liberación.
Las zonas que concentran las tensiones entre las fuerzas militares y el EMC revelan mucho del trasfondo del conflicto: se ubican en el corregimiento de El Plateado y sus alrededores, donde se concentra el 50% de los cultivos de coca del departamento del Cauca, o algo así como el 3% de todas las hectáreas del país. No es sorpresa, entonces, que ese territorio se lo disputen el EMC, el ELN y el llamado Clan del Golfo. Esta realidad también respalda la versión del Gobierno de que ellos nunca aceptaron desocupar la zona, y que, por el contrario, el EMC aceptó desocupar las zonas urbanas. Entre tantas voces discordantes es difícil encontrar la verdad y, de nuevo, tambalea la confianza en unos incipientes diálogos.
A estas alturas lo que quedan son interrogantes que generan rabia o desilusión. ¿Cómo así que el ELN sí está dispuesto a liberar al papá de Luis Díaz, “por ser familiar del gran deportista al que queremos todos los colombianos”, pero no de suspender la práctica por completo y liberar a los otros secuestrados que tiene? ¿Cómo pueden tardar días en admitir su responsabilidad del plagio, no lo sabían antes? ¿Cómo puede ser que se pacte un supuesto cese al fuego con el EMC sin verificación y que haya una pelea pública entre las partes por supuestos acuerdos secretos? La voluntad de paz queda puesta en duda, y los colombianos quedamos resignados; algunos incluso convencidos de que no hay remedio, de que en esta tierra la ley del plomo es inamovible y que lo único que importa es la plata para llenar bolsillos.
Y entonces, cómo no, llega el tuit del presidente pasada la medianoche del lunes al martes: 551 palabras en las que hace su diagnóstico sobre la situación de El Plateado, como si fuera un observador y no un protagonista; nada de convocar de urgencia a su equipo negociador, exigir al EMC una misión de observación más sólida; ni de exigir al ELN una suspensión definitiva a los secuestros como condición inamovible para la reanudación de los diálogos. En su lugar, cuenta lo que se ha hecho militarmente en el cañón del Micay desde que llegó al poder y ofrece un análisis. ¿Su conclusión? La misma que hemos oído una y otra vez desde tantas fuentes, que la violencia en el país gira alrededor del control de los negocios ilícitos y que la solución es “un territorio donde prime el Estado Social de Derecho, la economía sea lícita y las ciudadanías tengan el gobierno real y sean sujetos de derechos fundamentales”. A punta de golpes de realidad, volvemos al punto de partida.
