El ELN, las Farc y el Clan del Golfo delegan funciones criminales a otros grupos delincuenciales para consolidar su dominio en el Cesar

Esta preocupante situación está afectando, principalmente, a los habitantes de los municipios de Pelaya y La Gloria.

El ELN, las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y el Clan del Golfo) han tercerizado algunas de sus operaciones con grupos delictivos en Pelaya y La Gloria, en el departamento del Cesar, lo que tiene en inminente riesgo a las comunidades de los dos municipios, informó la Defensoría del pueblo.

“Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados no legales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales”, señaló Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Guerra por el control

Las tres estructuras al margen de la ley, que se enfrentan entre sí para consolidar su poder en la región, la cual se ha convertido en epicentro de sus acciones, advirtió la Defensoría, han puesto en movimiento sus fichas en el territorio para contener a sus adversarios armados y darles continuidad a sus estrategias de dominio territorial, lo cual ha generado homicidios selectivos, algunos relacionados con el exterminio social y cobros ilegales.

A ello se suma la apuesta de esos grupos armados por copar los corredores de movilidad y realizar control social para ampliar sus fuentes de financiación y hacer cobros extorsivos, tal como ha venido ocurriendo. “La guerrilla del ELN busca mantener su hegemonía en esa zona del departamento”.

Apoyo a invasiones

A esta situación se añade la problemática derivada de la apropiación que han venido haciendo personas de predios urbanos y rurales en Pelaya y La Gloria, situación aprovechada por los grupos armados, los cuales respaldan esas usurpaciones para ganar apoyo en las comunidades.

“Ante los riesgos de vulneración de derechos, desde la Defensoría del Pueblo emitimos 15 recomendaciones para que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos territoriales actúen de inmediato y así eviten el incremento de la violencia, que está afectando a la población civil”, puntualizó el defensor del Pueblo.