El ente de control hizo un fuerte llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia para que tomen el control de la situación irregular en San Andrés y otras fronteras.
La procuradora Margarita Cabello Blanco denunció que detrás de la situación migratoria en el archipiélago de San Andrés y en otras zonas fronterizas del país están los grupos armados ilegales que encontraron en esta crisis una nueva modalidad de negocio ilícito.
Lo peor de esta problemática social es que, según la jefe del Ministerio Público, la actuación del gobierno nacional ha sido nula.
“Evidenciamos la falta de respuesta institucional. No se advierte el ejercicio de liderazgo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria”, reclamó la funcionaria al ministerio y Migración Colombia, entidad que solo cuenta con tres funcionarios para atender las necesidades de la isla, para que tomen el control de la situación que cada día se hace más compleja y preocupante.
Según un informe de crisis humanitaria en frontera presentado por el ente de control, muchos migrantes en tránsito han establecido cambuches en la isla de San Andrés y en algunos callos como Pescador y Albuquerque, mientras logran conseguir los recursos para continuar su viaje.
Durante su estancia no cuentan con alimentos y son expuestos a las inclemencias del clima y a las vejaciones de los grupos ilegales que los reclutan para esclavitud laboral, prostitución infantil y microtráfico, entre otros.
Peligro en altamar
El documento socializado por la Procuraduría relaciona los peligros que enfrentan los migrantes durante el traslado, como la exposición de hasta 15 horas en altamar para evitar ser descubiertos por las autoridades, presencia de niños y mujeres embarazadas en las lanchas y el riesgo permanente de que los intercepten grupos de delincuentes (piratas) que los despojan de su dinero y pertenencias.
Llamado al sector privado
La procuradora también llamó la atención al sector privado para que ayude a evitar que las organizaciones ilegales utilicen los servicios que ellos prestan en la isla para sus fines.
“Existe una responsabilidad del sector privado dentro de esta problemática. De un lado, las aerolíneas estarían omitiendo indagar a los viajeros sobre el tiquete de regreso luego de su ingreso a la isla. Por otro lado, al parecer, algunos hoteles y sitios de posada presentes en San Andrés, no están reportando la información necesaria de extranjeros hospedados en sus habitaciones”, reveló.
De acuerdo con la Procuraduría, empresas legalmente constituidas, dedicadas a operaciones de turismo, estarían ofreciendo “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante, cubriendo la ruta entre San Andrés y Centroamérica cuyo costo oscila entre USD 1500 y USD 5000.
