Las situaciones que se denunciaron en redes sociales ponen de manifiesto lo contradictorio de las palabras del presidente al referirse a las masivas movilizaciones en todo el país. La Procuraduría abrió indagación preliminar a la ANT y RTVC por polémico contrato para compra de materiales publicitarios, comidas y traslado de personal.
Casi al mismo tiempo que en varias ciudades de Colombia se desarrollaban marchas en respaldo al gobierno nacional y las reformas presentadas por este al Congreso como parte de su plan de trabajo y en cumplimiento con varias promesas de campaña, las redes sociales se inundaron de videos y documentos que probarían que tales movilizaciones fueron todo, menos espontáneas como dijo Gustavo Petro en plaza pública.
Una de las denuncias, formuladas por el veedor ciudadano Daniel Briceño, dio cuenta de cómo en varias entidades del Estado enviaron a través de los grupos de WhatsApp solicitudes para la compra de material publicitario relacionado con la movilización. Las capturas de pantalla dejan ver los pasos que debían seguir los contratistas y funcionarios.
“En la Unidad de Restitución de Tierras le pidieron a los contratistas adquirir un kit para la marcha que cuesta $30.000 y además los obligan a ir a la movilización. Las consignaciones se hacen a Nequi y Daviplata. Llamamos al número y efectivamente lo están cobrando”, publicó Briceño en su cuenta de X con varios pantallazos de los mensajes, también, informó que la instalación donde se llevó a cabo un concierto y Petro le habló a todos los que hasta allí llegaron
De acuerdo con el veedor, el contrato por valor de $263 millones fue ejecutado por la empresa Plaza Mayor, y su objeto era la “prestación de servicios de operación logística para el evento ‘Diálogo social nos movemos por la vida’ en el marco del contrato 230-23 suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”.
El periodista de Caracol Radio, Jorge Espinosa, dio a conocer que organizaciones campesinas del departamento de Norte de Santander enviaron a la Alcaldía de Cúcuta una nota informando que no se movilizarían porque desde el gobierno nacional habrían incumplido con los acuerdos dinerarios adquiridos y, que, minutos más tardes, alegando errores de digitación, enviaron otro comunicado diciendo lo contrario.
“‘Errores de digitación’ Ayer se filtró un oficio de @AscamcatOficia en el que decían, claramente, que NO participaban en la marcha de Cúcuta por «incumplimiento giro de recursos». Luego, en un comunicado, dicen que no, que fue un error de digitación y que sí participan”, trinó el periodista.
La carta en comento, decía en uno de sus apartes: “lamentamos informar, que ante el incumplimiento del giro de recursos por parte del Gobierno Nacional para la delegación campesina del Catatumbo, nos vemos en la obligación de cancelar la participación en la movilización a realizarse en la ciudad de Cúcuta. Reiteramos nuestro agradecimiento a la administración municipal, y el compromiso asumido con las comunidades campesinas de la Subregión del Catatumbo”.
Reclamos similares hicieron varias asociaciones campesinas de La Guajira a la Agencia Nacional de Tierras en el departamento de Sucre. En los videos que circulan, se ve a un grupo importante de personas apostadas en la carretera y al menos ocho buses de transporte intermunicipal parqueado a lado y lado de la vía.
“Estamos aquí desde las cinco de la mañana, una comida mala nos dieron los de la Agencia Nacional de Tierras, venimos a apoyar al gobierno, no le han pagado a los buses y estamos aquí sin bañarnos y sin nada, ese es el motivo del bloqueo. Muchos compañeros se desmayaron, otros se intoxicaron porque dieron una comida mala”, explicó Jorge Luis Ortiz, uno de los manifestantes que tomó la vocería del grupo de personas apostadas en la carretera.
Las personas que aparecen en cámara en una de las vías que conducen al municipio de Sincelejo, Sucre, no dudaron en responsabilizar a la ANT por la situación que estaban viviendo, pues, fue precisamente esa la entidad pública que los convocó para participar de la movilización.
“Venimos desde Hatonuevo (La Guajira), mire, venimos aquí a representar nuestras asociaciones, apoyar la reforma agraria. Los buses están detenidos porque no se les ha pagado, ellos están detenidos que hasta que no les paguen no nos van a llevar. Desde las 12 del día estamos aquí, apagaron los buses, estamos aquí con tremendo solo, unos dicen que ya les pagaron, otros dicen que no. Eso es una falta de respeto, porque si las asociaciones que estaban encargadas de esto no tenían el dinero y la logística para eso, porque nos hicieron venir de tan lejos”, dijo otra de las manifestantes.
Mientras tanto, en las grandes ciudades como Bogotá, por ejemplo, se denunció la presencia de publicidad política del candidato a la Alcaldía de esa ciudad que cuenta con el respaldo de la coalición de gobierno, Gustavo Bolívar.
“Apareció en medio de las movilizaciones, en la Carrera séptima, un carro con publicidad alusiva a Gustavo Bolívar y que ha sido utilizado en su campaña a la alcaldía”, alertó Caracol Radio a través su cuenta de X.
María Fernanda Cabal, senadora por el Partido Centro Democrático y líder de la oposición al gobierno Petro, publicó un video donde se ven a varios manifestantes reclamando bebidas alcohólicas en uno de los puntos de la concentración.
“#MarchaPrepago Esto lo envía la ciudadanía desde la Plazoleta de San Francisco al frente de la gobernación. ¿Repartieron plata y cerveza a los marchantes? ¿A esto le llaman marcha del apoyo popular?”, cuestionó Cabal.
Procuraduría abre indagación
Tras la realización de las movilizaciones, la procuradora, Margarita Cabello Blanco, informó que la entidad que dirige abrió una indagación previa en contra de varios funcionarios por determinar adscritos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en aras de determinar su grado de responsabilidad en las presuntas irregularidades cometidas en la suscripción de un contrato interadministrativo con RTVC Sistema de Medios Públicos, con el objetivo de gestionar la logística de eventos organizados por la entidad dirigida por Gerardo Vega y con un valor $15 mil millones.
“Se está tratando de verificar la veracidad de las denuncias planteadas. Esas denuncias hacen referencia a la utilización de esa contratación a un objeto no adecuado al objeto esencial de RTVC que está relacionado con medios televisivos o medios audiovisuales. Hay que mirar el contrato, hay que mirar si el contrato permite la compra de gorras, la compra de comida, la compra de camisetas, pero cumplir como órgano de control con el análisis de las denuncias que se hicieron en todos los medios respecto de las marchas de ayer”, precisó Margarita Cabello.
Finalmente, se conoció que la entidad, por intermedio de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, llevó a cabo una inspección en las oficinas de la ANT y RTVC con el fin de recaudar elementos materiales probatorios que confirmen o desvirtúen las denuncias que motivaron la indagación.
