Cerca de 400 familias construyeron improvisadas viviendas con servicios públicos ilegales, luego de invadir un terreno en Soacha, que se resisten a desalojar. El sector se denomina invasión Brisas de la Esperanza.
Las invasiones ilegales siguen siendo parte de la agenda del país. Centenares de familias, siguen tomándose terrenos a la fuerza y construyendo cambuches para tener un techo donde vivir.
De acuerdo con la Defensoría de Pueblo, se han identificado 108 casos de ocupación indebida en 26 municipios de Colombia, el mayor número se registra en el departamento del Cauca.
Las cifras son alarmantes, más de 6000 familias estarían ocupando predios rurales a lo largo y ancho del país, mientras otros miles lo hacen en las principales ciudades del país.
Este es el caso de un grupo de familias en Soacha, que han invadido terrenos desde hace varios meses al punto que fundaron su propio “barrio” en un terreno privado que nos les pertenece.
Específicamente en los cerros de la Ciudadela Sucre, se planeaba la construcción de un parque ambiental para proteger la vegetación y las especies nativas que están altamente amenazadas; además de fomentar el senderismo y ciclo montañismo.
Sin embargo, como lo denunció el alcalde de la localidad de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, en el programa Mañana Express de RCN, este proyecto solo quedará en sueños.
“Nos llegaron de la noche a la mañana mil familias. Hemos desalojado familias que época de pandemia se han ido apropiando de terrenos que no son de ellos. Hay un derecho constitucional del Estado a proteger la propiedad privada. No hemos podido actuar, la comunidad y estos invasores se han envalentonado mucho más amparados en este decir que no se pueden desalojar”, indicó el mandatario de la localidad.
En un terreno de 11 hectáreas, cerca de 400 familias se asentaron de manera ilegal en el predio y construyeron lo que ellos han llamado invasión “Brisas de la Esperanza”. Aunque se han enfrentado con las autoridades incluso a muerte, aún siguen en el predio.
“Llegaban desde la parte de arriba, directamente tumbándonos los ranchitos o los cambuches que teníamos, prendiendo candela a las cosas que teníamos ahí. Sin darnos la oportunidad de recoger o de decirnos váyanse; sin importarles que estábamos nosotros con niños”; indicó Yuri Henao, una de las invasoras.
Para Íngrid Salazar, las autoridades no escuchan sus argumentos. “Uno entiende la posición de ellos como mandatarios y como entidades que no pueden permitir que la gente llegue y tome posesión como tal. Pero ellos no se pusieron en los zapatos de la comunidad que lo necesitaba en ese momento”, comentó.
Por su parte, Alejandro Laverde dice que el dueño del predio nunca ha aparecido. “Supuestamente esto es algo ilegal, pero hasta el sol de hoy, no aparece dueño. Aquí simplemente era un potrero donde botaban basura y escombros. Inclusive mucho tiempo llegaron a botar hasta cadáveres que traían de otros lugares”, agregó.
Las familias asentadas en esta invasión ilegal han resistido por meses los constantes desalojos; hoy tienen una casa, con calles, servicios de agua y electricidad de manera ilegal.
“La última vez que fuimos tratamos de desalojar más de 200 viviendas y casi nos voltean la maquinaria amarilla, ya están en zonas que son de reserva forestal y siguen subiendo en ese ejercicio hacia el páramo con condiciones muy difíciles de servicios públicos, de accesibilidad vial, de colegios, de centros de salud, de seguridad, de iluminación”, puntualizó Saldarriaga.
