Desde la posesión del presidente Petro, en el norte del Cauca y el Valle del Cauca se han ocupado ilegalmente más de 1000 hectáreas de tierra productiva. Varias agremiaciones empresariales han solicitado al Gobierno Nacional prestar atención a esta difícil situación de orden público e individualizar a los promotores de estas acciones.
A través de varios comunicados de prensa, agremiaciones empresariales y del sector agrícola mostraron su preocupación por la difícil situación que viven los ingenios azucareros en el norte del departamento del Cauca por cuenta de invasiones a sus predios, sabotajes a los equipos, secuestros y atentados a los trabajadores.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, aseguró que desde la posesión del presidente Petro se han invadido en esos departamentos un poco más de 1000 hectáreas de tierra productiva, asesinado a tres trabajadores, herido a otros ocho y secuestrado brevemente a tres.
La dirigente gremial explicó que esta situación ha provocado la pérdida de más de 6000 empleos y solicitó a las entidades nacionales adoptar medidas que garanticen la concreción de varios derechos fundamentales violentados por esta situación.
“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que en el marco de las vías institucionales realicen acciones inmediatas para restablecer los derechos al trabajo, a la movilidad y a la propiedad privada y se evite que se realicen ataques contra los trabajadores y la comunidad”, dijo Claudia Calero.
El Consejo Gremial Nacional rechazó las acciones intimidatorias que se han venido ejecutando en contra de los empleados de varias empresas dedicadas a la siembra y procesamiento de la caña, igualmente, las ocupaciones ilegales llevadas a cabo en varios predios donde funcionan los ingenios.
Gobierno Nacional se hace el de los oídos sordos ante las advertencias
La agremiación hizo un enérgico llamado “al Gobierno Nacional para que adelante las acciones necesarias para garantizar el derecho al trabajo, a la movilidad y a la propiedad de las personas que se ven afectadas por estos actos ilegales”.
Detalla el boletín de respaldo a la industria cañera, que desde hace varios meses vienen advirtiendo sobre esta situación que afecta gravemente no solo el patrimonio de los empresarios sino también el ingreso de muchas familias que laboran en ese sector, pero, no han recibido la respuesta oportuna y contundente que se espera por parte de las autoridades competentes.
Sobre el particular, aseguran que es necesario que se activen todos los protocolos de seguridad tendientes a prevenir estas acciones que cada día encarecen más la situación de los empresarios y trabajadores, poniendo en riesgo la productividad de la industria cañera.
“El Consejo Gremial Nacional es enfático en la necesidad que existe de coordinar la política de seguridad nacional con los territorios, garantizando la presencia eficiente de la fuerza pública, el orden y la protección de la sociedad civil. Es así como hacemos un llamado al Gobierno Nacional a trabajar de forma conjunta con los gobernadores y alcaldes para encontrar soluciones eficientes en estos tiempos de incertidumbre”, se lee en el comunicado de prensa.
La SAC también se une al llamado
Ante la gravedad de los ataques y la frecuencia de los mismos, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también se sumó a esta cruzada en defensa de sector cañero, tratando de que los ojos del Gobierno Nacional se fijen sobre la problemática y trace líneas concretas de acción que permitan buscar soluciones pacíficas al conflicto que se viene presentando en diferentes zonas de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
A través de un comunicado de prensa, la agremiación rechazó “las permanentes intimidaciones y ataques contra los trabajadores de la agroindustria de la caña en el norte del departamento del Cauca, así como las invasiones a la propiedad privada que se vienen incrementando en los últimos seis días, esta vez en tres predios del municipio de Miranda”.
Además, aseguró que las invasiones vienen acompañadas de destrucción de cultivos, levantamiento de cambuches que permiten a los ocupantes tomar posesión del terreno, impedimentos a la libre movilidad de los habitantes de las zonas antes mencionadas y la promoción de estas actividades legales.
“Reiteramos una vez más la preocupación que hemos manifestado al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el deterioro de la seguridad en las zonas rurales y la necesidad de que se resuelva de una vez por todas y con contundencia la situación que afecta a las comunidades y productores”, dice el comunicado de la SAC.
Asimismo, solicita la agremiación que se individualicen a los promotores y ejecutores de estas acciones, para que sean oportunamente presentados ante las autoridades y respondan por los delitos que puedan derivarse se estas actividades abiertamente ilegales.
Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia le solicitan al Gobierno Nacional y todas sus entidades adoptar “medidas que garanticen el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad privada y a la tranquilidad de todos quienes habitan la ruralidad y quienes están vinculados al sector agropecuario colombiano”.
Un problema nacional
De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Tierras, la ocupación ilegal de tierras no es un problema que aqueje únicamente a algunas zonas del Valle del Cauca y el norte del Cauca, sino que desde hace tiempo se viene presentando en todo el país. De hecho, la entidad asegura tener en sus registros al menos 25.000 hectáreas afectadas por ocupación ilegal.
La ANT detalla en varios documentos que a fecha de hoy hay un total de 206 predios invadido en 63 veredas, pertenecientes a 41 corregimientos en jurisdicción de 69 municipios de 20 departamentos del país, lo que arroja una preocupante cifra de 12.000 unidades familiares afectadas.
