La falta de comunicación fluida y articulación entre los organismos de seguridad no permite el desarrollo de acciones integrales que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales.
Los hechos de inseguridad abundan por estos días en todo Colombia. Sin embargo, el actuar delictivo azota, especialmente, a departamentos como Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar en donde se reportan a diario fenómenos de violencia y dinámicas criminales que afectan la cotidianidad de las comunidades en las áreas urbanas y, en especial, en las zonas rurales.
La alerta sobre este preocupante panorama lo hizo la Procuraduría luego de una serie de mesas de trabajo interinstitucional en varias regiones del país con representantes de diferentes grupos ciudadanos quienes se refirieron a la necesidad de crear una hoja de ruta contingente para la ejecución de los actuales Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana de este año y los que se formularán para el periodo 2024-2027, que permita coordinar acciones inmediatas e integrales bajo un plan de trabajo que mida su eficacia y resultados.
Falta articulación
El Ministerio Público indicó que, a pesar de que existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural, no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales.
La Procuraduría identificó que si bien las entidades territoriales cuentan con una priorización que atiende factores como la implementación de instrumentos territoriales de la seguridad y convivencia, estadísticas de criminalidad, demandas institucionales y de la ciudadanía, coyunturas territoriales o lineamientos estratégicos institucionales, no fue posible reconocer criterios compartidos y acciones concretas que permitan articularse para luchar de manera unificada contra la criminalidad y la violencia.
No existe una comunicación fluida entre los organismos de seguridad y la ciudadanía lo que agrava la situación y permite la consolidación de estructuras criminales que desgastan las capacidades de actuación del Estado.
Así las cosas, se evaluó la activación de las instancias de coordinación existentes para el fortalecimiento de la gobernanza para la seguridad y convivencia ciudadana, como el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Comités y Subcomités de Prevención y Protección en el nivel territorial, con el fin de abordar estrategias encaminadas a mitigar los fenómenos y riesgos identificados, y generar acciones concretas en el corto plazo.
