Laura Daniela Beltrán Palomares tiene ahora un contrato con el Departamento de Prosperidad Social con cargo a los recursos del Fondo de Inversiones para la Paz y con obligaciones que dejan mucho a la imaginación y deberían ser objeto de investigación por parte de los entes de control.
Tan solo cinco meses después de que se denunciara en medios de comunicación que en Colombia Compra eficiente se le estaban dando a Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en el mundo digital como Lalis, millonarios contratos para asesorar la estrategia de la cuenta de TikTok de esa entidad, nuevamente salen a la luz vínculos de la influenciadora con entidades del gobierno Petro.
El abogado y veedor ciudadano Daniel Briceño, aseguró en su momento, que en la citada entidad se habían dado millonarios contratos a dedo a personas cercanas a Hollman Morris, quien a pesar de haber sido anunciado como subgerente del Sistema de Medios Públicos, aún no ha tomado posesión del cargo, esperando luz verde del partido Colombia Humana para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.
“En Colombia Compra Eficiente contrataron a la influenciadora Lalis para ‘asesorar’ la estrategia de TikTok y destinaron más de $1000 millones para productoras cercanas a Hollman Morris y para derrochar en la producción de videos y cuñas. Recursos para los amigos”, trinó Briceño.
Estas denuncias hicieron que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación preliminar en aras de establecer si Stalyn Ballesteros, director de Colombia Compra Eficiente, incurrió en alguna conducta sancionable disciplinariamente. En el marco de este proceso, la entidad fue requerida con el fin de que allegara a las oficinas del ente de control documentos relacionados con la firma y ejecución de los contratos.
Los documentos requeridos fueron: copias de los estudios previos para suscribir los contratos, certificaciones laborales de los servidores que suscribieron los contratos e información de quien aprobó los contratos y quien administra el SECOP. También solicitó información de los documentos presentados por la influenciadora, el supervisor del contrato y la información personal del director de la entidad.
Ahora le pagan con cargo al Fondo de Inversiones para la Paz
Nuevamente, a través de redes sociales, escenario donde ejecutan sus contratos, el periodista y editor de contenidos Felipe Millan Dávila informó que Lalis fue vinculada al Departamento de Prosperidad Social en el mes de mayo, tan solo dos meses después de terminar anticipadamente su vínculo con Colombia Compra Eficiente tras el escándalo y las indagaciones de la Procuraduría.
De acuerdo con el denunciante, las obligaciones del contrato estarían fuera de los objetivos a cumplir por parte de la entidad contratante, pues, algunas tratan de perfilar a los medios que cuestionan la gestión del gobierno y otras están referidas al empadronamiento de influenciadores.
“Observen la obligación número 5: Apoyar la actualización de bases de datos de influenciadores y creadores de contenido digital en diferentes niveles, nacional, regional, local y comunitario ¿Es en serio? Le están pagando por eso, por mantener en orden las bodegas. Obligación número 7: Realizar seguimiento y monitoreo permanente de noticias en medios masivos de comunicación digitales para el cuidado reputacional de la entidad. O sea todo lo que hable mal de Prosperidad Social será atacado. Todo para lavarle la cara a @cielo_rusinque”, trinó Felipe Millán.
Una revisión al perfil de Beltrán Palomares puede confirmar la versión de Millán, pues se ven en éste muchos ataques a distintos medios de comunicación que han sido críticos de Petro y la difusión de mensajes posteados por Cielo Rusinque.
Finalmente, advierte que lo más escandaloso del asunto es que el valor del contrato es financiado con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz y que se le estaría adicionando presupuesto para movilizarse libremente por todo el país.
“En esta oportunidad el plazo de ejecución es 4 meses y pagos mensuales por valor de $5.900.000 COP. Está bien paga la bodeguera y se le incluyen gastos de desplazamiento en caso que necesite moverse de Bogotá. El contrato está vigente hasta el 23 de septiembre del 2023”, puntualizó Millán Dávila.
Valdría la pena que los entes de control le hicieran zoom a este contrato en aras de verificar si sus obligaciones son necesarias para la entidad y si la contratista cumple con el perfil y los objetivos planteados a la hora de celebrarlo.
