Para el ente de control fiscal capitalino, aunque el proyecto fue suspendido en mayo de 2023 solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas y no se encontraban instalados los aerogeneradores necesarios para su funcionamiento.
Debido a la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P. la Contraloría de Bogotá, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, en el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira.
La medida adoptada luego de una indagación preliminar, indica que el citado proyecto fue suspendido en mayo de 2023 de manera indefinida, sin haber entrado en operación, es decir, se suspendió su construcción hace 36 meses sin justa causa.
“Para ese momento, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas y no se encontraban instalados los aerogeneradores necesarios para su funcionamiento”, informó Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá.
No avanzó
Para la entidad de control fiscal capitalino en el proyecto eólico Windpeshi no lograron obtener los resultados que revelaba la previa planeación del mismo.
Recalcó que, hasta el mes de marzo del año 2022, el avance era solamente del 29,6 %.
“Indica esto que ejecutó incluso su gestión por debajo del 33,7 % de lo esperado”, agregó.
De acuerdo con Zuluaga, la gestión y el resultado reflejan que las obras no progresaron al ritmo programado.
Mayores costos
La Contraloría de Bogotá constató retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución del proyecto y generaron mayores costos.
“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido”, enfatizó.
Esclarecer responsabilidades
Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”, dijo el,
Los equipos adquiridos no habían sido puestos en operación dentro del proyecto Windpeshi.
“No se ha materializado la finalidad prevista con la inversión efectuada. En este contexto, la Contraloría de Bogotá, evidenció una presunta afectación a recursos públicos distritales”, puntualizó.
