Francisco Barbosa Delgado pidió a los funcionarios judiciales de América Latina que trabajen con autonomía e independencia para preservar el Estado Social de Derecho.
El fiscal Francisco Barbosa Delgado insistió en la necesidad de defender el trabajo que realizan los servidores judiciales del continente en beneficio de las instituciones.
“La institución es la que debe preservarse, la institución es lo que hace que valga la pena esta lucha por la defensa del Estado de derecho, que no sea simplemente la idea de que estamos hablando de unas circunstancias coyunturales en cada uno de nuestros países. Cada uno en su rol, en el ejecutivo, en legislativo, en el judicial, en los organismos de control, en las funciones de la magistratura, los jueces, los fiscales, todos tenemos que entender que más que personas representamos una idea institucional que es la que hace que nosotros podamos construir mejores países”, expresó Barbosa durante su intervención en el ciclo de conferencias ‘Corrupción en el poder’ que se lleva a cabo en el marco de las actividades de aniversario del Ministerio Público de Perú.
En ese sentido, indicó que por encima de cualquier diferencia que se presente en el ámbito institucional, siempre debe primar el beneficio común y el propósito de construir países mejores y democráticos.
“Y esa circunstancia me lleva a decir que más allá de pugnas personales, entre el Ministerio Público, un fiscal general o un presidente de la República, nuestros debates son por los principios, no por las personas. Todos nosotros somos finitos en nuestros cargos”, precisó.
El fiscal enfatizó que, como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), continuará promoviendo la independencia y autonomía de los representantes de la justicia para contrarrestar cualquier situación que ponga en riesgo su ejercicio.
Cooperación judicial
El fiscal Francisco Barbosa Delgado sostuvo una reunión estratégica con su homóloga de Perú, Liz Patricia Benavides Vargas. Durante el encuentro bilateral, los fiscales generales de Colombia y Perú reafirmaron los mecanismos de cooperación judicial para perseguir las diferentes expresiones de criminalidad organizada que trascienden las fronteras. De igual manera, acordaron fortalecer el apoyo investigativo para combatir entramados de corrupción, como el caso Odebrecht.
“Eso no es óbice para que, en Colombia, por ejemplo, hayamos obtenido ya 11 sentencias condenatorias y más de 35 imputaciones contra diferentes actores del sector público y privado en el caso Odebrecht, donde la cooperación judicial ha sido tan importante. Espero, al final de mi gestión, poder estar ya por encima de las 50 o 60 imputaciones y con eso ir clausurando un debate que no puede estar eternamente dentro de la órbita nacional porque es necesario que la justicia proceda con las imputaciones y acusaciones para lograr los juicios respectivos”, finalizó.
