Según la auditoría realizada, los automotores permanecieron entre 10 y 15 años en patios, porque la entidad no logró ejecutar procesos oportunos de disposición, lo que ocasionó gastos por bodegaje y pérdida de valor comercial. El ente de control concluyó que la gestión fue ineficiente y contraria a los principios de economía, eficacia y aprovechamiento de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República estableció un hallazgo con alcance fiscal por $2.029.203.005 en la administración de 113 vehículos bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras verificar que permanecieron almacenados entre 10 y 15 años en patios de Madrid (Cundinamarca), Espinal (Tolima), Soledad (Atlántico), Montería (Córdoba) y Yumbo (Valle).
De acuerdo con el informe, los automotores no fueron objeto de “gestiones oportunas y efectivas para su comercialización, enajenación, asignación o chatarrización, de acuerdo con su estado físico y valor residual a partir de la realización del primer avalúo”. Esta omisión, según el ente de control, derivó en costos acumulados y deterioro progresivo de los bienes.
El documento es enfático al señalar que “con el paso del tiempo, los vehículos se deterioran y pierden por completo su valor de mercado, sin generar ningún beneficio, ingreso, ni utilidad, y hoy representan una pérdida de patrimonio”. Además, advierte que la permanencia prolongada en bodegaje implicó gastos por almacenamiento, mantenimiento mínimo y depreciación natural, configurando “una relación costo-beneficio negativa”.
Para la CGR, el problema no radica únicamente en la existencia de trámites complejos, sino en la falta de resultados. El informe concluye que “las actuales circunstancias evidencian la ineficiencia en la gestión y aprovechamiento de vehículos almacenados” y precisa que la observación “se mantiene en hallazgo con alcance fiscal por $2.029.203.005 y presunta incidencia disciplinaria”.
En su respuesta, la SAE sostuvo que el 40,7 % de los vehículos corresponde a servicio público o de carga, sujetos a intangibles como cupos o derechos de reposición. La entidad reconoció que “la falta de seguridad jurídica en estos asuntos ha generado dificultades y retrasos en la adopción de acciones efectivas para la disposición final de dichos bienes”.
También explicó que, en 2018, los avalúos estimaron valores de recuperación entre $40 y $50 millones para algunos intangibles, pero varias subastas resultaron desiertas. Posteriormente, se realizaron consultas ante el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para definir criterios técnicos y jurídicos, aunque sin consolidar una solución definitiva.
No obstante, la Contraloría considera que esas actuaciones no fueron dinámicas ni concomitantes con la urgencia que exige este tipo de activos y subraya que, aunque existen lineamientos internos y procedimientos para la disposición de bienes muebles, “las demoras en la articulación con las entidades competentes (…) han impedido alcanzar el objetivo previsto en dichos lineamientos”.
El hallazgo advierte que la gestión inoportuna permitió el deterioro de los 113 vehículos y la pérdida de su valor comercial, generando erogaciones por bodegaje entre 2021 y 2025 sin beneficio institucional. En consecuencia, el ente de control mantiene la connotación fiscal y disciplinaria, al considerar que la omisión en la toma de decisiones produjo un impacto económico directo sobre el patrimonio público.
