La Defensoría del Pueblo alertó que varias víctimas no han recibido atención humanitaria inmediata y pidió activar medidas urgentes para proteger a la población civil ante la persistencia de riesgos armados y posibles explosivos en medio de los cultivos y las viviendas.
En la vereda La Fuente, jurisdicción de Aracataca, Magdalena, el sonido de los disparos interrumpió la rutina campesina y obligó a decenas de familias a abandonar sus casas para refugiarse en el casco urbano de Aracataca. El combate entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC) no solo dejó miedo: también fracturó la vida cotidiana y paralizó la economía local.
A través de su cuenta en X, la Defensoría del Pueblo confirmó el desplazamiento de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. En su pronunciamiento, el organismo advirtió que varias de esos hogares “no han recibido la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho”, pese a que la emergencia ya fue reportada a las autoridades municipales y departamentales.
Detrás de esas cifras hay otro drama: quienes no se desplazaron permanecen atrapados y en alto riesgo. Sobre el particular, el organismo advierte restricciones severas a la movilidad y prácticas que vulneran el Derecho Internacional Humanitario, como la retención de celulares, alimentos y medios de transporte. Asimismo, la Defensoría expresó “profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas” sin garantías mínimas de seguridad.
La entidad recordó que este escenario ya había sido advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, donde señalaba el deterioro de la seguridad en la Sierra Nevada y su área de influencia, y advertía que la disputa territorial entre las ACSN y el Clan del Golfo “ha generado graves afectaciones a la población civil y ha profundizado la situación de vulnerabilidad en la región”.
Ante ese panorama, la Defensoría pasó del diagnóstico a la exigencia, subrayando que “resulta urgente que las entidades competentes implementen de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones de la Alerta Temprana”, con el fin de frenar nuevas violaciones de derechos humanos y contener el avance del desplazamiento forzado en el municipio y su zona rural.
La respuesta, según el organismo, debe comenzar en el nivel local. La administración de Aracataca está llamada a activar el Plan de Contingencia para garantizar alojamiento temporal, alimentación, salud y acompañamiento psicosocial a las familias desplazadas. A la vez, se plantea la articulación con la Gobernación del Magdalena, la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para reforzar la protección de la niñez afectada.
En materia de seguridad, la Defensoría dirigió mensajes diferenciados. A la Fuerza Pública le recordó que sus operaciones en la zona deben ajustarse estrictamente al Derecho Internacional Humanitario. A los grupos armados les exigió respetar el principio de distinción y el deber de precaución frente a la población civil.
Mientras esas decisiones se toman, en La Fuente las casas siguen a medio cerrar, los cultivos abandonados y las familias entre el desplazamiento y la espera.
