La Corte Suprema de Justicia halló culpable al exmagistrado por concierto para delinquir y cohecho, ordenó su captura y solicitó notificación roja de Interporl. La sentencia establece que participó en una red que ofrecía decisiones judiciales favorables a cambio de dinero.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por su participación en el denominado “cartel de la toga”, una trama de corrupción judicial que operó en el alto tribunal.
El fallo lo declaró responsable de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio en concurso homogéneo. Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una multa de $133.738.170 y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.
Orden de captura y circular roja
La sentencia ordenó la captura del exmagistrado y la emisión de notificación roja a través de Interpol para asegurar el cumplimiento de la condena.
El tribunal negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que Bustos deberá cumplir la sanción en el centro penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Red de corrupción en la Corte
El proceso está relacionado con actuaciones realizadas cuando Bustos integraba la Sala Penal del alto tribunal. Según la providencia, el exmagistrado se concertó con otros miembros de la corporación y abogados litigantes, entre ellos Luis Gustavo Moreno Rivera, para acercarse a aforados con procesos activos en la Corte.
La investigación concluyó que, a cambio de dinero, ofrecían influir ilegalmente en decisiones judiciales, incluyendo archivos de procesos, preclusiones, dilaciones procesales y la evitación de órdenes de captura o medidas de aseguramiento.
Pagos millonarios de exsenadores
El fallo señala que fueron contactados los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes habrían pagado $2.000 millones y $1.200 millones, respectivamente, para obtener decisiones favorables en investigaciones relacionadas con parapolítica.
Los expedientes estaban a cargo del despacho del entonces magistrado Gustavo Malo Fernández. La Sala determinó que Bustos recibió $200 millones en efectivo provenientes del pago ilícito efectuado por Besaile.
Con esta decisión, la Corte estableció las responsabilidades penales del exmagistrado y dispuso las medidas necesarias para la ejecución y divulgación del fallo.
