El economista Sergio Cabrales explicó que la diferencia responde al valor de los activos, la distancia y la capacidad contratada. Planteó que una “estampilla nacional” podría unificar cargos y reducir desigualdades regionales.
La estructura de cargos por transporte de gas natural en Colombia volvió al centro del debate energético, tras la divulgación de un mapa que evidencia diferencias sustanciales entre tramos del Sistema Nacional de Transporte (SNT). Los valores, expresados en tarifa 80-20 en pesos por metro cúbico, oscilan desde $15 en algunos corredores hasta $1.159 en rutas específicas, una variación que termina trasladándose al precio final del servicio.
El economista Sergio Cabrales, uno de los más destacados opinadores sobre el tema, explicó que el costo de transporte está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y se calcula con base en cargos aprobados para cada tramo. “La tarifa depende principalmente del valor de los activos (gasoducto), de la distancia recorrida y de la capacidad contratada (firme o interrumpible), así como de las condiciones de uso del sistema”, señaló.
En la práctica, este componente no es marginal. Cabrales advirtió que “el transporte puede representar entre el 15% y el 30% del costo total del gas para el usuario final”, dependiendo de los gasoductos utilizados entre la fuente de producción o importación y los centros de consumo. Dicho de otro modo: la geografía y la infraestructura pesan en la factura.
El mapa muestra contrastes puntuales. Mientras el tramo Hobo–Neiva aparece con un cargo cercano a $1.159 por m³, en Yumbo se observan valores alrededor de $15 por m³. En el Caribe, los cargos se ubican en rangos intermedios —por ejemplo, $40 y $61 por m³ en ciertos nodos—, al tiempo que en conexiones hacia el interior se ven montos superiores a $200 y registros de hasta $454 por m³ en algunos segmentos.
Detrás de esa dispersión, Cabrales identifica un patrón: los mercados más distantes de los centros de producción o importación tienden a enfrentar mayores cargos, debido al peso del transporte y a la forma en que se remunera la infraestructura. Esa realidad, en su concepto, abre un espacio para discutir ajustes regulatorios que reduzcan la brecha regional sin perder señales de eficiencia.
En ese contexto, planteó una alternativa: “La implementación de una estampilla nacional implicaría un cargo único de transporte para todos los usuarios del país, lo que permitiría homogeneizar los costos entre regiones y, potencialmente, optimizar la operación integral del sistema de gasoductos”. La idea apunta a distribuir el costo del transporte con una lógica más solidaria, similar a esquemas donde ciertos componentes se socializan para evitar diferencias extremas.
La discusión se cruza con la transición energética y con el rol del gas como combustible de respaldo. En la medida en que el transporte influye en competitividad industrial, costo de vida y planeación del sistema, el mapa pone sobre la mesa una pregunta de política pública: si el país mantendrá la actual segmentación por tramos o avanzará hacia un diseño tarifario que reduzca inequidades territoriales.
