La organización, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, señala un presunto incumplimiento reiterado de órdenes judiciales sobre la financiación del sistema de salud. Piden medidas cautelares y la suspensión temporal de funciones relacionadas con la UPC mientras avanzan las investigaciones.
La organización Pacientes Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que puedan derivarse de la investigación.
La acción judicial fue interpuesta por Pacientes Colombia —que reúne a 202 asociaciones de pacientes— junto con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas voceros de pacientes de la Asociación Colombiana Saludable, la Fundación RASA, representantes de Fecoer y profesionales del sector químico farmacéutico, además de ciudadanos firmantes.
Según el documento radicado ante el ente acusador, el ministro habría incumplido de manera consciente y reiterada varias órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento.
El punto central de la controversia se relaciona con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos destinados a financiar servicios y tecnologías en salud no cubiertos por la UPC.
La denuncia sostiene que, pese a advertencias expresas del alto tribunal en distintos autos emitidos entre 2023 y 2025, el Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no unificar los presupuestos máximos mediante acto administrativo anual, efectuar pagos tardíos o insuficientes y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos integrales.
Para los denunciantes, estas decisiones comprometen la estabilidad financiera del sistema y ponen en riesgo la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
El escrito también cuestiona el desarrollo de las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC. Según la denuncia, estos espacios habrían operado como instancias formales sin deliberación efectiva, con limitaciones en el acceso a la información y exclusión de actores clave del sistema. Organizaciones de pacientes y otros sectores habrían advertido que sus observaciones técnicas no fueron incorporadas en las decisiones finales.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país. Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento”, expresaron los voceros de Pacientes Colombia.
Además de solicitar la investigación penal correspondiente, los denunciantes pidieron a la Fiscalía decretar medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección de denunciantes y testigos frente a posibles represalias, así como la evaluación de una eventual suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos, mientras se adelantan las indagaciones.
