El gremio de generadores advierte que el crecimiento de la demanda supera la entrada de nueva oferta y que el país podría enfrentar pérdidas millonarias ante un eventual apagón. Señalan trabas regulatorias y ambientales como principales obstáculos.
El equilibrio del sistema eléctrico colombiano vuelve a estar bajo presión. Expertos del sector alertan que, si no se adoptan ajustes estructurales y señales claras de política pública, el país podría enfrentar escenarios de racionamiento e incluso apagones con alto costo económico.
La advertencia fue planteada por Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), quien señaló que cerca de 4.500 megavatios no han podido incorporarse al sistema debido a retrasos en proyectos, demoras en licencias ambientales y procesos de consulta previa, así como a un entorno regulatorio que, según el gremio, no estaría incentivando suficientemente la inversión.
El problema, explicó, radica en que el consumo eléctrico crece de manera sostenida, impulsado por una mayor electrificación de la economía, mientras la capacidad de generación no avanza al mismo ritmo. Esta brecha podría agravarse en coyunturas climáticas adversas como el Fenómeno de El Niño, cuando los embalses bajan y la generación hidráulica enfrenta restricciones.
Las consecuencias de un desbalance serían significativas. Estudios citados por el sector estiman que un apagón podría representar hasta 1,7 puntos del PIB y pérdidas económicas por hora que superarían los 200.000 millones de pesos. Además del impacto directo sobre la actividad productiva, se afectarían procesos de crecimiento, innovación y desarrollo tecnológico.
El gremio calcula que el país requiere inversiones anuales de entre 10 y 15 billones de pesos para responder al aumento de la demanda. No obstante, advierte que la incertidumbre normativa y las señales contradictorias desde la política pública han generado cautela entre inversionistas, lo que podría frenar iniciativas estratégicas.
Actualmente, más de 20.000 proyectos estarían detenidos, principalmente por trámites ambientales y consultas previas pendientes. Para los expertos, desbloquear estas iniciativas es clave para garantizar la seguridad energética en los próximos años.
El recuerdo del apagón de 1992, que se extendió por casi un año y obligó a racionamientos de hasta 18 horas diarias debido a una severa sequía, vuelve al debate como antecedente de lo que puede ocurrir si no se toman decisiones oportunas. Tras esa crisis, el país reformó su modelo eléctrico e incorporó mecanismos de confiabilidad que aseguraron estabilidad durante más de tres décadas.
Sin embargo, desde el sector advierten que las señales de alerta reaparecen y que el próximo gobierno tendrá el desafío de fortalecer el marco regulatorio y acelerar la ejecución de proyectos para evitar que la historia se repita.
