La Corte Constitucional inició la revisión del Decreto 0150 de 2026, que declara la emergencia en ocho departamentos. El expediente quedó en manos del magistrado Miguel Polo Rosero, encargado de proyectar la decisión sobre su constitucionalidad.
La revisión del nuevo estado de emergencia declarado por el gobierno ya tiene responsable en la Corte Constitucional. El Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, que establece la emergencia económica, social y ecológica en varias regiones del país, fue asignado al despacho del magistrado Miguel Polo Rosero, quien liderará el análisis jurídico de la medida.
Con la llegada formal del documento al alto tribunal se activó el procedimiento automático de control constitucional que rige cada vez que el Ejecutivo recurre a facultades extraordinarias. Será el magistrado ponente quien estudie los argumentos del gobierno y elabore la propuesta de fallo que posteriormente discutirá la Sala Plena.
El decreto cobija durante 30 días a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según el Ejecutivo, la decisión responde a lluvias intensas asociadas a un frente frío atípico, con precipitaciones que habrían superado entre 130 % y 180 % los promedios históricos. El balance oficial reporta 252.233 personas afectadas, 69.235 familias damnificadas y 10 fallecidos.
Mientras avanza el estudio en la Corte, la declaratoria se mantiene vigente y las medidas adoptadas continúan en ejecución. Hasta ahora no se ha presentado ninguna solicitud formal para suspender provisionalmente sus efectos.
En el análisis, el alto tribunal deberá determinar si las razones expuestas por el gobierno cumplen los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad que exige la Constitución para este tipo de decisiones. Además, en los próximos días el Ejecutivo prevé expedir decretos adicionales con disposiciones específicas, entre ellas relacionadas con mecanismos de recaudo.
La ponencia que prepare el magistrado Polo Rosero marcará el rumbo del debate en la Corte y definirá si la emergencia supera el examen constitucional.
