La medida incluye suspensión de términos procesales, salvo tutelas y hábeas corpus, con el fin de garantizar la seguridad de funcionarios y usuarios mientras se adelantan trabajos de adecuación en las sedes afectadas.
El Consejo Superior de la Judicatura autorizó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba como respuesta a las graves afectaciones derivadas de la actual temporada de lluvias. La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo PCSJA26-12394 del 11 de febrero de 2026.
Según el documento, el Ideam y la CVS reportaron precipitaciones acumuladas superiores a 70 milímetros en 24 horas, con picos que superaron los 120 milímetros, equivalentes a la lluvia promedio de un mes completo. Estas condiciones han provocado crecientes en el río Sinú y sus afluentes, con caudales “por encima de lo normal para la época” e incluso con registros superiores a los máximos históricos.
La situación obligó al departamento de Córdoba y al municipio de Montería a declarar la calamidad pública el pasado 2 de febrero, ante las inundaciones generadas por lluvias atípicas, el fuerte oleaje y el aumento de descargas desde la Central Hidroeléctrica Urrá I para controlar el nivel del embalse.
En ese contexto, informes técnicos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería confirmaron afectaciones en las sedes judiciales de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, así como un alto riesgo hidrológico en el Palacio de Justicia de Montería y en la sede de Tierralta.
Como consecuencia, el Consejo autorizó el cierre de los juzgados promiscuos municipales de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido durante ocho días, “mientras se realizan las actividades necesarias para continuar el funcionamiento de la administración de justicia”.
La medida implica la suspensión de términos procesales en estos despachos entre el 11 y el 18 de febrero, salvo en acciones de tutela y hábeas corpus que se encuentren en trámite, cuyos tiempos seguirán corriendo.
Finalmente, señala que el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba deberá adoptar medidas administrativas para redistribuir el reparto de nuevas tutelas y hábeas corpus hacia otros despachos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio judicial durante el cierre temporal. El acuerdo entró en vigencia desde su publicación en la Gaceta de la Judicatura y busca proteger la seguridad de servidores judiciales y usuarios mientras se adelantan los trabajos de adecuación en las sedes afectadas.
