Desde Fedegán advirtieron que este es un delito grave con condenas que pueden llegar hasta 11 años cuando el valor de los animales supera 10 salarios mínimos. También recordaron que la ley permite aplicar extinción de dominio a vehículos empleados para transportar ganado hurtado. Productores en la región exigen controles rigurosos sobre documentos de movilización expedidos por autoridades sanitarias.
Un nuevo caso de abigeato fue denunciado en el municipio de San Diego, Cesar, donde en horas de la madrugada fueron hurtados dos toros y 11 vacas que se encontraban en un predio ubicado en el corredor rural entre Codazzi y San Diego. De acuerdo con la información suministrada por los propietarios, los animales sustraídos están plenamente identificados con hierros de marca que permiten su reconocimiento inmediato. Las reses llevan dos señales distintivas: una corresponde a las letras “EK”, trazadas en un diseño grueso y angulado, fácilmente visible en el costado del animal.
La segunda marca corresponde a una letra “M” de gran tamaño, atravesada por una línea horizontal en su parte media, característica que la hace diferente de otros registros ganaderos de la zona. Estas marcas permiten identificar con claridad la procedencia del ganado y constituyen un elemento clave para su eventual recuperación. Los afectados señalaron que hasta el momento, no existe información sobre el destino de los 13 semovientes. Por esa razón, solicitaron el apoyo de transportadores, productores y comerciantes de ganado para que reporten cualquier dato que ayude a ubicar los animales o a identificar a los responsables.
Este tipo de conductas está tipificado en la legislación colombiana como abigeato, delito contemplado en el artículo 243 del Código Penal. La norma establece que quien se apropie de especies bovinas, equinas o porcinas plenamente identificadas incurre en penas de prisión que van de 60 a 120 meses y multas de 25 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si el valor del ganado robado supera los 10 salarios mínimos, la pena aumenta de 72 a 132 meses de prisión y de 50 a 100 salarios mínimos de multa. Además, cuando el hurto se comete con violencia sobre las personas, la sanción se eleva a un rango de 84 a 144 meses de cárcel. El Código Penal también contempla medidas severas contra la logística del delito. En ese sentido, el parágrafo del artículo 243 ordena que, cuando se utilicen vehículos automotores u otros bienes para transportar ganado robado, estos pueden ser sometidos a extinción de dominio, conforme a lo establecido en la Ley 1708 de 2014.
Ante este nuevo hecho, productores de la región exigieron a las autoridades aplicar con rigor la norma, especialmente en lo relacionado con los vehículos utilizados para movilizar semovientes y con los controles sobre la expedición de guías sanitarias y documentos que permiten el traslado de ganado entre municipios y departamentos. Asimismo, Ganaderos del Cesar y del Magdalena pidieron una investigación profunda sobre cómo se están otorgando esos permisos, pues advierten que en muchos casos el ganado robado logra salir de la región con documentación irregular o con guías tramitadas de forma fraudulenta.
Desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se reiteró el llamado a todos los afiliados y productores afectados por la delincuencia en cualquiera de sus modalidades a interponer la denuncia o querella según sea el caso, como requisito indispensable para activar los protocolos institucionales de atención.
Finalmente, el gremio recordó que está disponible la aplicación Seguridad Ganadera, herramienta tecnológica que permite reportar hechos delictivos y hacer seguimiento en tiempo real a los avances de las investigaciones penales. Por su parte, las autoridades locales invitaron a la comunidad a entregar información que permita recuperar los animales y judicializar a los responsables, garantizando plena reserva de identidad para los denunciantes.
