El grupo guerrillero pidió a campañas políticas y ciudadanos acatar retenes armados y los presentó como mecanismos normales de defensa. Analistas consideran que ese mensaje contradice las garantías democráticas y desconoce la gravedad de un ataque que afectó directamente a un congresista.
Un nuevo comunicado del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y divulgado en redes sociales, encendió las alertas sobre la profundidad de los retos que enfrenta el proceso de paz total en Colombia, luego del atentado ocurrido el 5 de febrero en Arauca contra el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, que dejó dos escoltas muertos.
Aunque la guerrilla asegura que “no fue nuestro objetivo ni nuestra orientación atentar contra el senador Castellanos”, el mensaje en la práctica intenta normalizar retenes armados en carreteras de la región, al calificarlos como “medidas de defensa frente a la acción de las fuerzas armadas estatales”. Ese argumento constituye una reinterpretación de la fuerza armada como “autoridad legítima”, en abierta contradicción con las normas del Estado de derecho.
El ELN también solicitó a los “entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población” que “acaten y faciliten los controles colocados en las vías”, presentando esos mecanismos como “seguridad y defensa normales en un conflicto”. Este ‘llamado al orden’ fue interpretado por analistas políticos como una exigencia de sometimiento a estructuras armadas al margen de la ley.
En ese sentido, los expertos sostienen que, pese a la reivindicación pública de no querer afectar el proceso electoral, la sola presencia de retenes ilegales y la exigencia de facilitación a campañas electorales genera un clima de presión y coacción, particularmente en territorios con presencia histórica de la guerrilla.
Yendo más allá, sectores de la sociedad civil y académicos que han sido críticos de la paz total sostienen que este tipo de pronunciamientos erosionan la confianza en un proceso que aspira a la desmovilización y a la reinserción. Para ellos, no basta con declaraciones formales: el respeto por la vida, la libertad de movilidad y el libre ejercicio de la política son condiciones necesarias para que la paz sea efectiva.
Finalmente, insisten en que el tono del mensaje termina de confirmar la contradicción de fondo. El ELN sostiene que sus acciones son “mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano”, y advierte que, si se aceptan sus controles, “no se presentará ninguna dificultad con nosotros”.
Ese planteamiento, puntualizan, invierte la lógica democrática: la tranquilidad de los ciudadanos queda condicionada a la obediencia a un actor armado ilegal, en el entendido de que en un país que busca garantías para la actividad política y la vida civil, no es aceptable que un grupo insurgente pretenda imponer reglas de circulación y comportamiento público.
