El aumento del salario mínimo en 23 % para 2026 tendría un fuerte impacto sobre las finanzas públicas, especialmente en pensiones, nómina estatal y recaudo tributario. Anif calcula un costo fiscal adicional de $6,5 billones y alerta sobre mayores dificultades para cumplir la regla fiscal.
La decisión del gobierno de incrementar el salario mínimo en 23 % para 2026 añadió una nueva fuente de presión a la ya compleja situación fiscal del país. Así lo advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que alertó sobre los efectos estructurales de esta medida en un contexto marcado por la estrechez presupuestal y los desafíos para respetar la regla fiscal.
De acuerdo con el centro de estudios, el ajuste aprobado se aparta de los criterios técnicos que tradicionalmente han guiado la fijación del salario mínimo, como la inflación causada y el crecimiento de la productividad. Mientras que históricamente el incremento real ha promediado 1,3 puntos porcentuales por encima de esos fundamentos, el aumento para 2026 implica un crecimiento real cercano al 17,9 %, al incorporar el concepto de “salario vital” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Anif reconoce que la reducción de la pobreza es un objetivo legítimo, pero advierte que un aumento de esta magnitud puede generar efectos adversos que terminen afectando a los mismos grupos que se busca proteger. En particular, señala que el impacto trasciende el mercado laboral y se concentra con fuerza en las finanzas del Gobierno Nacional Central.
El mayor efecto fiscal, según el informe, se origina en el sistema pensional. Con base en cifras de Colpensiones, a noviembre de 2025 había cerca de 1,85 millones de pensionados, de los cuales más del 55 % recibe exactamente un salario mínimo. Dado que estas pensiones deben ajustarse en la misma proporción que el mínimo, el aumento del 23 % genera una brecha significativa frente a las pensiones superiores, que solo se indexan a la inflación.
Bajo este escenario, Anif estima que el mayor gasto fiscal asociado a pensiones alcanzaría los $5,8 billones en 2026, en comparación con un escenario en el que el salario mínimo hubiera aumentado 6%. Este rubro concentra la mayor parte del impacto fiscal y se convierte en el principal canal de transmisión del aumento salarial hacia el déficit.
A ello se suma el costo del mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias, diseñado para cubrir la diferencia entre el crecimiento del mínimo y la inflación. Para 2026, este gasto adicional podría ascender a cerca de $1,5 billones, como consecuencia del elevado incremento real decretado.
El informe también analiza los cambios introducidos por el Decreto 1485 de 2025, que modificó la forma de calcular el deslizamiento. Aunque la medida busca reducir el costo fiscal inmediato, Anif advierte que traslada riesgos a aseguradoras y afiliados, lo que podría generar mayores presiones fiscales en el mediano plazo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
Otro frente de impacto es la nómina pública. Para los funcionarios que devengan exactamente un salario mínimo, el Gobierno deberá aplicar el mismo ajuste del 23 %, lo que implicaría una presión adicional cercana a $300.000 millones en 2026, en un gasto que ya presenta alta rigidez.
Finalmente, el centro de estudios advierte sobre los efectos en el recaudo tributario, dado que el mayor costo laboral para las empresas incrementa las deducciones por nómina y reduce la renta líquida gravable. Según sus estimaciones, este factor podría traducirse en una caída del recaudo cercana a los $3,5 billones.
En conjunto, Anif calcula que el costo fiscal adicional del aumento del salario mínimo ascendería a $6,5 billones en 2026, sin incluir otros efectos difíciles de cuantificar. En un entorno de alta fragilidad fiscal, el informe concluye que este choque introduce nuevas rigideces al gasto y reduce el margen de maniobra del gobierno para encaminar las finanzas públicas hacia la senda exigida por la regla fiscal.
