La congresista Lina María Garrido cuestionó un proyecto de decreto que fija un tope del 30 % a las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior y alertó sobre posibles impactos en la rentabilidad del ahorro pensional. Desde el gobierno aseguran que la medida no impone inversiones ni compromete la seguridad de los recursos.
La representante a la Cámara Lina María Garrido lanzó una alerta sobre un borrador de decreto que el gobierno nacional busca expedir y que, según su criterio, podría afectar el ahorro pensional de millones de colombianos. La iniciativa establece un límite global del 30 % para las inversiones que los fondos privados de pensiones realicen en activos en el exterior.
De acuerdo con el documento, los fondos tendrían un plazo máximo de cinco años para ajustarse a ese tope. Para ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) deberán presentar, en un término de tres meses tras la entrada en vigencia de la norma, un plan de implementación gradual ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
La congresista sostuvo que el proyecto, cuyo periodo de comentarios ciudadanos finalizó el pasado 5 de febrero de 2026, implica un manejo riesgoso de los recursos pensionales. A su juicio, la restricción a la inversión internacional obligaría a los fondos a destinar una mayor proporción del ahorro de los afiliados al mercado interno, lo que, afirmó, podría reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo.
Garrido explicó que tradicionalmente los fondos privados invierten parte de estos recursos en el exterior, en moneda extranjera, como una estrategia para diversificar riesgos y obtener mejores retornos. Con el nuevo límite, señaló, esa alternativa se vería limitada, lo que impactaría directamente el monto de las futuras pensiones.
La representante también expresó preocupación por el destino que podrían tener esos recursos si terminan financiando al Estado mediante la compra de bonos, especialmente en un contexto preelectoral. En su opinión, existe el riesgo de que el dinero no sea administrado de manera responsable, lo que podría afectar la capacidad del Estado para responder a esas obligaciones en el futuro.
Desde el gobierno, la directora encargada de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Larisa Caruso, defendió el proyecto y aclaró que la medida busca fortalecer el marco de inversión sin imponer destinos específicos para los recursos. Según explicó, el decreto no obliga a los fondos a invertir en proyectos que no cumplan con los criterios técnicos y prudenciales exigidos por la regulación financiera.
Caruso agregó que el proyecto no puede garantizar una rentabilidad fija, ya que esta depende del comportamiento de los mercados, y reiteró que el objetivo es mantener un esquema de inversión responsable que preserve la estabilidad del sistema pensional.
