Aunque el Gobierno y el Ejército reportaron la muerte de siete presuntos miembros del ELN y la captura de uno más, el organismo alertó sobre riesgos de desplazamiento y confinamiento, y reclamó protocolos claros e independientes.
A través de sus canales oficiales de comunicación, la Defensoría del Pueblo exigió garantías inmediatas para la población civil tras la operación militar adelantada por la Fuerza Pública en zona rural de El Tarra y Tibú, Norte de Santander, en la que murieron siete presuntos integrantes del ELN y fue capturada otra persona.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que se trató del catorceavo bombardeo realizado durante su gobierno y aseguró que antes de la acción se investigó, hasta donde es posible, la no presencia de menores.
De forma paralela, el Ejército Nacional informó que la operación de alta precisión, ejecutada de manera conjunta con la Fuerza Aérea y la Policía, permitió además la incautación de abundante material de guerra, municiones, artefactos explosivos improvisados y drones adaptados para ataques.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que, pese a los resultados militares, la acción armada generó temor entre las comunidades y podría desencadenar graves afectaciones humanitarias. El organismo señaló que durante la madrugada varias familias se refugiaron en un colegio de la región buscando protección, lo que evidencia la falta de condiciones de seguridad para los habitantes.
“Es previsible que esta operación haya generado o genere riesgos para la población civil”, indicó la entidad, al advertir que los hechos pueden derivar en desplazamientos forzados y confinamientos. En ese contexto, recordó que incluso en operativos legítimos del Estado “se deben adoptar todas las medidas de conducción de hostilidades”.
La Defensoría reclamó que el levantamiento e identificación de cadáveres sea realizado por autoridades competentes e independientes, con respeto a la cadena de custodia y a la dignidad humana. También pidió que se alisten de inmediato medidas humanitarias para atender a las comunidades afectadas.
Mientras tanto, el presidente Petro reiteró que hace tres años propuso un proceso de paz al ELN y sostuvo que la respuesta del grupo armado fue “asesinar 200 campesinos en el Catatumbo”. Agregó que ha solicitado coordinación internacional para perseguir a los grandes capos del narcotráfico y apoyar a los campesinos cocaleros en la sustitución de cultivos.
“Hemos pedido apoyo máximo a nuestros campesinos pobres para que puedan transitar hacia economías legales”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que los verdaderos responsables del negocio de la cocaína “viven en los mayores lujos del mundo”.
Finalmente, la Defensoría insistió en que la prioridad inmediata debe ser la protección de los civiles. El organismo hizo un llamado al ELN y al Frente 33 para acordar medidas humanitarias y frenar acciones que sigan poniendo en riesgo a la población del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
