Investigación periodistica del medio de comunicación: Opinión Caribe
Plato y el Magdalena son hoy el centro de las miradas de Colombia, principalmente, de los ganadero y agricultores del país, tras conocerse el pasado 12 de septiembre la denuncia hecha por el alcalde de esta localidad, Jaime Peña Peñaranda, quien alertó sobre la presencia de desconocidos que estarían merodeando predios privados, marcándolos con aerosol, al parecer, con la intención de llevar a cabo una repartición de tierras – aproximadamente 4 mil hectáreas productivas pertenecientes a la finca del señor José Molina – de manera ilegal.
En ese momento, el mandatario aseguró que la situación llevaba cerca de 21 días presentándose en la vereda ‘Los Chivos’, corregimiento de Apure, causando así preocupación entre los demás productores de este y demás municipios de la región Centro del Magdalena, quienes, en una muestra de solidaridad ganadera – como ellos mismo lo han denominado – decidieron realizar un plantón en el sitio buscando el acompañamiento de las autoridades y así prevenir que se materialice cualquier amenaza de invasión.
Lo que fue una manifestación organizada y pacífica (tal como lo evidenció OPINIÓN CARIBE al ser el único medio realizando cubrimiento periodístico en el lugar) se convirtió en una historia con tintes de tergiversación en la cual los ganaderos protagonistas fueron tildados, por varios medios de bagaje del país, de paramilitares.
Tales declaraciones, incluso repetidas por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, causaron descontento entre un gremio conformado por personas que han estado dedicadas a las labores del campo para obtener el sustento suyo y de sus familias.
“El alcalde de Plato convocó al Ejército y Policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar a supuestos invasores; imágenes y videos recuerdan a las autodefensas”, fueron las palabras de Caicedo, hechas públicas en sus redes sociales oficiales.
La situación y las declaraciones del mandatario se agravan tras la denuncia hecha ante este medio de comunicación por la señora Olga Licha Bandera, quien asegura que, precisamente, el movimiento político liderado por Caicedo, Fuerza Ciudadana, habría ofrecido apoyo a presuntos invasores de predios mientras recorrían el departamento en tiempos de campaña electoral, cuando Rafael Martínez aspiraba a llegar al Senado de la República.
Licha Bandera contó en entrevista la situación que atraviesa actualmente en los predios ‘La Gorgona’ y ‘Berlín’, ubicados en el caserío ‘Las Marías’, en Santa Ana. Acorde con su denuncia, desde hace más de un año y medio, comienzos de 2021, está padeciendo el flagelo de la invasión, a pesar de contar con los documentos jurídicos que dan cuenta de su posesión sobre las tierras en cuestión.
“Me llama la atención que el gobernador dice que no es conocedor que en el Magdalena existen invasiones. Yo soy testigo, viviéndolo en carne propia con mis tierras. Tengo las pruebas, fotos y videos, en los que el señor gobernador, con sus funcionarios, hicieron toda la política del caso para Rafael Martínez y Petro, los mismos señores invasores dicen que están apoyados por la Secretaría del Interior, la de los derechos, con el señor Yesid (…) Tengo las pruebas, el gobernador es apoyador de los invasores”, afirmó con claridad la mujer ganadera.
Ante las cámaras, Olga Licha mostró una serie de imágenes tomadas en su finca ‘La Gorgona’, en las que se muestran los cambuches de invasión rodeados por personas portando la característica vestimenta anaranjada que acompaña el movimiento creado por Caicedo. Además, explica la denunciante, los invasores habrían recibido material de campaña del mismo color distintivo, con pancartas en las cuales se leen mensajes como ‘Caicedo gobernador’ y ‘La fuerza del Cambio”.
“Les hacían llegar comida, colchonetas, todo para los invasores (…) Ellos les metieron en la cabeza que el gobernador o el presidente les iba a regalar las tierras”, añade. Sus argumentos dejan entrever lo que sería una presunta participación en política por parte de Caicedo y sus funcionarios, situación que, a todas luces, iría en contra de lo que establece la normatividad colombiana.
“Se hizo política con los invasores”, aseguró Licha.
A la fecha, en los citados predios ya habría alrededor de 100 personas – y aumentando – quienes estarían aspirando a convertirse en dueños de las tierras, al parecer, con el apoyo del mandatario de los magdalenenses.
¿Y la vía legal?
Acorde con la explicación entregada por el abogado de la afectada, Juan Mendoza Amaya, por medio de la vía legal se ha intentado – sin éxito por el momento – contrarrestar este problema que, en palabras del alcalde Peña Peñaranda, “es una bomba de tiempo”.
El primer paso fue interponer de manera inmediata una queja ante la Policía en Santa Ana, apoyados en el artículo 81 del Código de Policía, que “establece un límite de tiempo de 48 horas para poder proteger la propiedad, pública o privada de cualquier perturbación de estos bienes inmuebles sin que sea requerido una autorización adicional de inspector o juez”.
A pesa de la queja, indica el jurista, no hubo acción por parte de las autoridades, razón por la cual se vio en la obligación de presentar una querella formal con la que pudiera dársele inicio al proceso de desalojo. En el caso incluso se obtuvo un fallo favorable, a través de la resolución 010 de abril 12 de 2021, confirmada por la Alcaldía y apelada por los invasores.
“Después del fallo, la administración tenía cinco días para proceder con el desalojo. Desde esa fecha siguió pasando el tiempo y en vista de que no se daba la situación, se presentó una tutela que fue fallada y le protegió los derechos al debido proceso, la mora judicial, el derecho a la propiedad privada y a la protección al medio ambiente, porque, entre otras cosas, la finca cuenta con 300 hectáreas de árboles maderables que han venido siendo explotados de manera irregular, se ha dado un contrabando y un hurto de madera, denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo Mendoza Amaya.
La decisión parecía clara, el contenido del fallo era diciente al resolver el desalojo de los invasores. No obstante, no hubo proceder de ningún tipo por parte de las autoridades pertinentes. La afectada, a través de su apoderado, recurrió nuevamente a la vía legal con un incidente desacato que, hoy en día, parece no haber sido suficiente para poner fin al ‘calvario de la invasión’ que recorre hace casi 21 meses.
“Lo estoy viviendo en carne propia”
En este punto, la señora Olga Licha Bandera señala estar viviendo el desespero de no tener a quién más acudir para hacer valer su derecho a propiedad privada y defender las tierras que, de acuerdo con su relato, ha trabajado durante 35 años.
Por eso, desde OPINIÓN CARIBE cuestiona la posición adoptada por los entes gubernamentales – ministro de Defensa y presidente de la República – quienes se habrían conformado con la versión que entregó Caicedo, en la que ignora por completo la existencia de este problema en el territorio.
“Estoy viviendo una invasión, con pruebas, hemos ido a todas las partes que implica la Ley y nada. ¿Qué voy a hacer yo, cuándo me van a restituir mis tierras?”, pregunta la afectada, sin una respuesta cercana.
Licha Bandera, viuda y madre cabeza de familia con cinco hijos a su cargo, asegura estar en problemas financieros a causa de la invasión, que, inevitablemente, disminuyó sus ingresos provenientes de las labores del campo y la obliga a destinar un gasto importante a los trámites legales a los que se sigue recurriendo en aras de retomar su sitio de trabajo.
“Mientras tanto, los señores invasores están lucrándose de mi propiedad, vendiendo maderas y lotes. Han traído gente hasta de Valledupar para venderles. Han acabado con todo y yo ni una gallina puedo tener. A mí no me dejan entrar a la finca (…) Se han lucrado a costillas de mi propiedad”, reitera, añadiendo asimismo que ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de estas personas.
“No he tenido protección, la Ley a mí no me ha amparado. Han tenido más derechos ellos que yo. Como lo he dicho muchas veces, si estamos en este proceso, debería ser todo equitativo, pero no, ellos tienen todas las garantías y yo no”, agrega.
Por todo lo anterior, el llamado que hoy se extiende a las autoridades competentes, es a revisar los fundamentos de la denuncia hecha por la señora Licha Bandera, quien señaló directamente al gobernador Carlos Caicedo y sus funcionarios, de haber participado en política, es por esto que se hace necesario darle trámite a las indagaciones que correspondan sobre esta conducta para determinar si hubo o no un quebranto de la Ley, tal como lo contempla la Constitución Política en su artículo 127, en beneficio de la una lista específica de aspirantes al Congreso de la República: ‘La Lista de Caicedo’.
