Según el ente investigador, desde su posición, buscaba asegurar apoyo legislativo mediante contratos de la UNGRD y entregas de dinero en efectivo. El documento describe reuniones, intermediarios y montos específicos. González figura como prófugo con circular roja de Interpol y el proceso quedó en la Corte Suprema.
La Fiscalía General de la Nación formalizó acusación penal contra Carlos Ramón González Merchán por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos, dentro de un proceso ligado a la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El escrito fue radicado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, escenario que confirma competencia por fuero.
Dentro de la teoría del caso, la Fiscalía sostiene que González Merchán habría ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, gestionar contratos públicos a cambio de respaldo político en el Congreso. La operación, según el documento, tenía como destinatarios a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.
A partir de ese punto, la acusación describe un esquema en dos fases. La primera etapa habría consistido en ofrecimientos contractuales por $60.000 millones y $10.000 millones. Posteriormente, ante exigencias de pago inmediato, la propuesta se transformó en entregas directas de dinero: $3.000 millones en efectivo para un legislador y $1.000 millones para otro.
La narrativa fiscal incorpora detalles logísticos. Una reunión clave, de acuerdo con el escrito, ocurrió el 25 de septiembre de 2023 durante un desayuno organizado por Sandra Liliana Ortiz Nova, entonces consejera presidencial para las regiones, en un apartamento de las residencias Tequendama. Allí se reiteró que el apoyo económico se entregaría en efectivo.
Ese mismo día habría tenido lugar un segundo encuentro en instalaciones de la UNGRD. En esa cita, López Martínez habría confirmado la entrega del dinero al entonces presidente de la Cámara. La Fiscalía indica que los recursos provenían de contratos de la entidad y que la operación contaba con participación de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez.
Con base en esos hechos, el documento identifica a González Merchán como determinador de las conductas y ubica a los demás implicados como ejecutores del flujo financiero. La acusación sostiene que la finalidad del esquema era asegurar apoyo legislativo a proyectos del Gobierno en trámite.
Actualmente, la Fiscalía registra a González Merchán como prófugo con circular roja de Interpol, activando mecanismos internacionales de búsqueda. El proceso entra en fase de juicio. La acusación no constituye condena y los implicados mantienen presunción de inocencia hasta que exista sentencia judicial.
