El gremio empresarial solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto de emergencia expedido en diciembre, al considerar que no se cumplen los requisitos de excepcionalidad y que una de las firmas carecía de validez legal.
El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno el pasado 22 de diciembre, mediante el cual se habilitó la imposición de nuevos impuestos a distintos sectores productivos del país.
En un documento remitido al magistrado Carlos Camargo, el conglomerado de gremios sostiene que las razones esgrimidas por el Ejecutivo para justificar la declaratoria no cumplen con el carácter de hechos sobrevinientes exigido por la Constitución. Según el Consejo, el presidente incurrió en errores sustanciales al calificar como graves, inminentes y excepcionales situaciones que, a su juicio, no lo son.
El pronunciamiento también pone en duda la validez formal del decreto al advertir que una de las personas que lo suscribió no tendría competencia constitucional ni legal para hacerlo. Se trata de Irene Vélez Torres, quien firmó el acto en calidad de ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con el documento, el encargo de Vélez Torres se originó tras la renuncia de la titular del ministerio mediante un decreto expedido el 5 de agosto de 2025, el cual solo podía extenderse por un período máximo de tres meses. Ese término, señala el Consejo Gremial, venció el 5 de noviembre del mismo año y, desde entonces, no existiría evidencia de un acto administrativo que prorrogara válidamente el encargo.
Para el gremio, la ausencia de dicha prórroga convierte la firma en irregular, lo que afectaría la legalidad del decreto en su conjunto.
Finalmente, el Consejo Gremial refuta uno a uno los argumentos del gobierno y asegura que las situaciones invocadas no justifican una emergencia económica. Afirma que la crisis del sistema de salud tiene un carácter estructural, que los problemas de seguridad son persistentes y que el eventual hundimiento de una reforma tributaria hace parte del funcionamiento normal de una democracia.
