Organizaciones camioneras denuncian que el incumplimiento no es técnico sino político.
Más de un año después, los 15 puntos acordados en septiembre de 2024, que pusieron fin al paro camionero y fueron firmados por el Estado colombiano como un compromiso integral con el sector transportador, permanecen hoy incumplidos, sin cronogramas claros, sin mecanismos de verificación pública y sin explicaciones oficiales por parte del Gobierno.
De acuerdo con SINALCO, sindicato de conductores y transportadores de carga, este incumplimiento no obedece a una falla técnica ni administrativa, sino a una decisión política atravesada por intereses empresariales.
La organización denuncia que, mientras el Estado incumple lo pactado con los camioneros, en las mesas de trabajo del sector han tomado protagonismo gremios como la ANDI y Fenalco, así como grandes empresarios que demandaron el Decreto 1017, una norma clave para la protección del camionero tradicional.
El señalamiento es grave: quienes han judicializado normas en contra del sector transportador hoy participan en la orientación de la política pública del transporte. Para SINALCO, esto constituye un conflicto de intereses evidente, pues estos actores han promovido la desregulación de tarifas, la intermediación abusiva, la concentración económica y la precarización del trabajo camionero, precisamente las problemáticas que dieron origen al paro.
El Decreto 1017, atacado judicialmente por estos gremios, buscaba corregir las asimetrías históricas entre generadores de carga y transportadores. Su desmonte, advierten los camioneros, favorece un modelo que profundiza la desigualdad en el sector y debilita el derecho al trabajo.
Mientras tanto, el balance oficial es inexistente: no hay rendición de cuentas, no hay retroalimentación pública y no hay responsables visibles. Aunque el Ministerio de Transporte hace parte del problema, SINALCO subraya que la responsabilidad es colectiva y compromete a todos los ministros que firmaron el acuerdo en representación del Estado y que hoy guardan silencio administrativo.
Ante este panorama, la organización exige que todos los ministros firmantes sean citados públicamente para cumplir de manera inmediata los 15 puntos, explicar las razones del incumplimiento, presentar un cronograma verificable y aclarar por qué gremios que han litigado contra los camioneros participan hoy en la toma de decisiones del sector.
