El análisis financiero revela que, pese a niveles aceptables de solvencia en varias instituciones, la presión del pasivo pensional y la baja generación de ingresos propios comprometen la estabilidad de largo plazo. Asimismo, cuantifica una carga pensional superior a $10 billones y advierte que su concentración en pocas universidades reduce el margen de inversión académica y operativa.
Un estudio sectorial de la Contraloría General de la República reveló que solo una de las 34 universidades públicas del país presenta condiciones de autosostenibilidad financiera, mientras el resto depende de transferencias nacionales y territoriales para garantizar su operación. El informe, titulado Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019–2024), advierte que esta dependencia limita la planeación de largo plazo y profundiza las brechas entre instituciones y regiones.
Según el órgano de control, “el 50,1 % de los ingresos que perciben las universidades públicas provienen de aportes nacionales”, una estructura que restringe la autonomía financiera y expone al sistema a decisiones presupuestales externas. En ese contexto, el estudio concluye que “el 97 % de las instituciones analizadas no logra sostener su operación con recursos autogenerados”.
El análisis identificó una alta concentración de recursos en un grupo reducido de universidades. La Universidad Nacional de Colombia, la Unad, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales, un patrón que, según la Contraloría, “incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales”.
Las brechas también se reflejan en los ingresos por estudiante. Mientras en la Universidad Nacional el promedio supera los $11,4 millones, en la Unad se ubica por debajo de $526.000, frente a un promedio nacional de $4,5 millones. Esta disparidad, señala el estudio, “evidencia diferencias estructurales en la capacidad de financiación y en las condiciones de operación de las instituciones”.
En materia de solvencia, el informe indica que el 75,8 % de las universidades presenta indicadores iguales o superiores a 3, lo que refleja una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, advierte que el 24,2 % restante opera con márgenes financieros limitados, lo que reduce su capacidad de maniobra frente a choques fiscales.
El ente también subraya que el pasivo pensional sigue siendo la principal carga estructural del sistema universitario público. En 2024, este pasivo alcanzó los $10,3 billones, concentrados principalmente en la Universidad Nacional y la Universidad del Valle. Para la Contraloría, esta carga “desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura y limita el crecimiento institucional”.
Finalmente, concluye que el sistema enfrenta una desfinanciación estructural y plantea la necesidad de revisar el modelo vigente. “Resulta fundamental que cualquier incremento en la financiación esté respaldado por fuentes claras, suficientes y sostenibles en el largo plazo”, advierte el informe, al señalar que la sostenibilidad del sistema universitario público exige decisiones de política pública más allá del corto plazo.
