A diferencia de otras denuncias, este caso cuenta con documentos y reconocimientos públicos que obligan a una revisión institucional. La representante a la Cámara Ingrid Aguirre asegura que lo ocurrido con ella no fue aislado y que el patrón de presiones contra mujeres se repite al interior de la colectividad.
Los señalamientos contra el proyecto político que lideró Fuerza Ciudadana en el departamento del Magdalena entraron en una fase distinta. Ya no se trata únicamente de denuncias genéricas sobre abusos de poder, sino de hechos concretos respaldados por documentos, mensajes públicos y reconocimientos explícitos de uno de los señalados.
En ese contexto, la representante a la Cámara Ingrid Johana Aguirre Juvinao decidió romper el silencio que había mantenido desde su salida del movimiento, formalizada el 29 de octubre de 2025. En un comunicado oficial y posteriores mensajes en X, explicó que su renuncia no obedeció a deslealtades políticas, sino a un patrón de hostigamiento interno.
“No callaré más, me fui por maltrato, humillaciones y pruebas de polígrafos”, escribió Aguirre, al señalar que durante meses optó por irse “en silencio, con altura y sin peleas”, pero que decidió hablar tras lo que considera un proceso de revictimización pública. En ese mismo mensaje advirtió que se encuentra en una difícil situación de seguridad: “hoy temo por mi integridad física, por mi vida y la de mi familia”, dijo, al tiempo que solicitó acompañamiento de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección.
Ingrid Aguirre también señaló directamente a la gerente liquidadora del movimiento, Adriana Trujillo, de haberla agredido física y verbalmente, y afirmó que esas actuaciones hicieron parte de presiones “ordenadas por Carlos Caicedo”. Según su versión, el hostigamiento incluyó señalamientos públicos, aislamiento político y exigencias reiteradas para que renunciara a su curul en el Congreso.
Contrapunteo con Martínez y reconocimiento de las pruebas
El eje del escándalo se desplazó al intercambio público entre Aguirre y Rafael Alejandro Martínez, quien respondió negando las acusaciones de coacción, pero reconociendo expresamente que las pruebas de polígrafo existieron. “Conviene recordar que fuiste tú misma quien, por iniciativa propia, ofreció someterse a la prueba del polígrafo”, escribió Martínez, añadiendo que el ejercicio se habría realizado en dos ocasiones y que los resultados “no te favorecieron”. En su mensaje, además, cuestionó las motivaciones de la denuncia y sugirió que Aguirre estaría alineada con “ciertos periodistas” para desprestigiar a Carlos Eduardo Caicedo Omar.
La respuesta de la congresista no se centró en negar la realización del examen, sino en disputar el contexto y la autoridad bajo la cual se practicó. En un mensaje directo, Aguirre retó a Martínez a hacer públicos los intercambios completos previos a la prueba y el contenido del cuestionario aplicado.
“Muestra el chat completo, sin tachones, y aclárale a la opinión pública de qué trató el cuestionario de la prueba del polígrafo, para que la gente saque sus conclusiones”, escribió. En ese mismo mensaje afirmó que fue obligada a realizar las pruebas “en tu oficina de la Gobernación, siendo gobernador”, y lo señaló como ejecutor de decisiones tomadas junto a Caicedo.
Ese intercambio de versiones adquiere mayor peso político tras la anulación de la elección de Martínez por doble militancia, decisión judicial que reconfiguró su rol dentro del proyecto político y reavivó el debate sobre quién ejercía realmente el poder en la estructura caicedista.
Documentos y advertencias de nuevas revelaciones
Tras este episodio, la controversia dejó de ser solo un cruce de versiones, más aún, cuando comenzó a circular un informe de poligrafía específica, fechado en mayo de 2025, en el que figura Aguirre como persona evaluada y que identifica como cliente a la Gobernación del Magdalena, durante la administración de Martínez. El documento consigna una conclusión adversa y confirma que el procedimiento existió y estuvo vinculado a estructuras de poder público.
A ello se suma un elemento adicional: Aguirre anunció que hará públicas más evidencias, incluidos chats completos y detalles del procedimiento, para demostrar —según su versión— que no se trató de un acto voluntario ni privado. “Digan la verdad. Porque yo sí la diré”, advirtió en uno de sus mensajes más recientes.
Con denuncias previas de mujeres por presunto acoso y exigencias sexuales, un reconocimiento público de la realización de pruebas de polígrafo y documentos que respaldan su existencia, el caso sigue escalando y se instala de lleno en el terreno institucional. La discusión ya no gira solo en torno a un conflicto interno, sino sobre el uso del poder, los mecanismos de control político y las posibles responsabilidades que puedan derivarse de estas prácticas.
