La decisión judicial responsabiliza a integrantes del Comando Central del ELN y a cabecillas del Frente de Guerra Nororiental por el secuestro de comunicadores colombianos y extranjeros ocurrido entre 2016 y 2017 en Norte de Santander.
Un juez penal especializado emitió sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) del ELN y otros dos cabecillas de esa organización armada ilegal, por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, hechos ocurridos entre los años 2016 y 2017.
La decisión se produjo tras la valoración de las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Entre las víctimas se encontraban comunicadores de Colombia y de los Países Bajos, quienes fueron retenidos mientras realizaban labores periodísticas en la zona.
De acuerdo con el material probatorio, la retención y otros actos de violencia e intimidación contra los comunicadores y sus equipos obedecieron a una directriz impartida por los máximos jefes del ELN, con el propósito de ejercer control territorial en el municipio de El Tarra y áreas aledañas, así como de restringir el ejercicio del derecho a la información.
En ese contexto, el juez declaró responsables de los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todas conductas agravadas, a los integrantes del Coce: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.
Asimismo, fueron hallados culpables los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar.
La Fiscalía destacó que este fallo constituye un reconocimiento judicial a las graves violaciones cometidas contra la libertad de prensa y el derecho a informar, y reiteró su compromiso con la investigación y judicialización de los crímenes que afectan a periodistas y trabajadores de medios en el país.
