El gremio alertó que una intervención unilateral del contrato de concesión, vigente hasta 2027 y con cumplimiento total, pondría en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y las finanzas públicas del país.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), a través de su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, expresó su preocupación frente al reciente anuncio del Gobierno nacional sobre una eventual terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Café, al advertir riesgos institucionales, jurídicos y económicos para el Estado.
De acuerdo con el gremio, la posibilidad de intervenir de manera unilateral un contrato vigente, que ha cumplido integralmente sus obligaciones y presenta resultados positivos, genera un alto nivel de incertidumbre que compromete la seguridad jurídica de la contratación pública y la estabilidad de las reglas que rigen el desarrollo de la infraestructura en el país.
Autopistas del Café es una concesión de primera generación vigente hasta el año 2027, con un cumplimiento contractual del 100 %, calificaciones técnicas superiores a las exigidas y sin requerimientos de recursos públicos.
En los últimos años, el proyecto ha ejecutado obras y diseños adicionales por un valor cercano a $310.000 millones, previa concertación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los departamentos del área de influencia, conforme a los mecanismos contractuales establecidos.
“Los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales. Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”, señaló Caicedo Ferrer.
Infraestructura y desarrollo regional
La CCI destacó que Autopistas del Café ha sido un eje clave para la integración del Eje Cafetero, contribuyendo a la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos, y fortaleciendo sectores como el turismo, la agroindustria, el comercio y la logística regional.
Asimismo, el proyecto ha permitido reducciones significativas en los tiempos de desplazamiento, los costos operativos y los niveles de siniestralidad vial, con impactos concretos en la competitividad y la calidad de vida de los usuarios.
Según el gremio, una interrupción anticipada del esquema, sin un modelo alternativo claramente definido para su financiación, operación y mantenimiento, pondría en riesgo la continuidad y sostenibilidad de esta infraestructura estratégica.
Consecuencias contractuales
Desde el punto de vista jurídico, la Cámara recordó que los contratos de concesión están amparados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Una eventual terminación anticipada unilateral, sin la existencia de una causal legal objetiva debidamente acreditada, activaría las cláusulas contractuales previstas para estos casos, incluyendo compensaciones e indemnizaciones a cargo del Estado.
Estas consecuencias, advirtió el gremio, tendrían un impacto directo sobre las finanzas públicas y la planeación presupuestal, tal como ha sido reiterado en decisiones de tribunales de arbitraje.
Llamado a la responsabilidad institucional
La CCI hizo un llamado a los funcionarios públicos para que cualquier actuación relacionada con la terminación anticipada de contratos de concesión se ajuste estrictamente al marco constitucional, legal, contractual y jurisprudencial vigente. La ausencia de sustento técnico, jurídico o financiero, indicó, podría derivar en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales por eventuales perjuicios al Estado.
“La estabilidad jurídica es un activo esencial para la inversión de largo plazo, la ejecución de proyectos estratégicos y el desarrollo regional. La discusión sobre el futuro de la infraestructura debe darse con rigor técnico, responsabilidad jurídica y visión de largo plazo, en defensa del interés general”, concluyó Caicedo Ferrer.
