Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI señaló que intervenir unilateralmente un contrato vigente, sin causal legal acreditada, compromete la seguridad jurídica de la contratación pública y podría activar compensaciones e indemnizaciones con impacto directo sobre las finanzas públicas.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura lanzó una advertencia al Gobierno nacional por los efectos que tendría una eventual terminación anticipada del contrato de concesión Autopistas del Café, vigente hasta 2027. Según el gremio, una decisión de ese tipo, sin sustento técnico, jurídico o financiero, afectaría la estabilidad de las reglas que rigen la infraestructura en Colombia.
En su pronunciamiento, la CCI recordó que “los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales. Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”, una afirmación con la que marcó distancia frente a cualquier intento de intervención unilateral del Estado.
El gremio sostuvo que Autopistas del Café presenta un cumplimiento contractual del 100 %, calificaciones técnicas superiores a las exigidas y no ha requerido recursos públicos adicionales. Además, destacó que en los últimos años el concesionario ejecutó obras y diseños adicionales por cerca de $310.000 millones, previamente concertados con la Agencia Nacional de Infraestructura y las entidades territoriales del área de influencia.
Desde una perspectiva económica, la CCI subrayó que la concesión ha sido clave para la integración del Eje Cafetero y para el desarrollo regional. En el comunicado se señala que el proyecto “ha contribuido a la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos” y ha tenido efectos tangibles en reducción de tiempos de desplazamiento, costos operativos y siniestralidad vial.
Asimismo, la agremiación advirtió que una interrupción anticipada del contrato, sin un modelo alternativo de financiación, operación y mantenimiento claramente definido, “supone riesgos para la continuidad y sostenibilidad de esta infraestructura”, lo que podría afectar la competitividad regional y la calidad del servicio.
En el plano fiscal, la CCI fue explícita al señalar que una terminación unilateral sin causal legal objetiva activaría cláusulas contractuales de compensación e indemnización. Estas consecuencias, indicó, “tienen impacto directo sobre las finanzas públicas y sobre la planeación presupuestal”, y han sido reiteradas tanto en los contratos como en decisiones de tribunales de arbitramento.
Finalmente, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, llamó a la responsabilidad institucional. “La discusión sobre el futuro de la infraestructura debe darse con rigor técnico, responsabilidad jurídica y visión de largo plazo, en defensa del interés general”, señaló, al insistir en que la estabilidad contractual es un activo esencial para la inversión y el desarrollo del país.
