Aunque la deuda neta cayó a 57,8% del PIB y cumple la regla fiscal, el organismo advirtió riesgos de refinanciación, rigidez presupuestal y la necesidad de una gestión anticipada por parte del Ministerio de Hacienda.
La Contraloría General de la República advirtió que el perfil de la deuda pública presenta una concentración crítica de vencimientos en 2029, año en el que confluirán amortizaciones de bonos globales y títulos de deuda interna por un monto estimado de $89,6 billones.
De acuerdo con el análisis fiscal del organismo, a los bonos externos se suman TES B en pesos por $43,72 billones, TES B en UVR por $19,73 billones y Títulos de Solidaridad por $9,74 billones, emitidos durante la pandemia. Sobre este punto, la Contraloría señaló que “la alta concentración de vencimientos constituye un riesgo de refinanciación que debe ser gestionado con suficiente anticipación por el Ministerio de Hacienda”.
Más allá del monto agregado, el informe precisa que el desafío no es inmediato, pero sí estructural. En esa línea, advierte que “la acumulación de amortizaciones en un solo año puede generar presiones significativas sobre la caja del Gobierno y sobre las condiciones de acceso a los mercados financieros”, si no se adoptan medidas como canjes, recompras o extensiones de plazo.
Contrastando esta realidad, el organismo de control destacó que la deuda neta del Gobierno Nacional mostró una reducción reciente. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 pasó de 59,3% del PIB a 57,8% del PIB, ubicándose dentro del rango permitido por la regla fiscal. Sin embargo, aclaró que “la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo depende del crecimiento económico, las tasas de interés, la tasa de cambio y el balance fiscal”.
A este escenario se suma la inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación, estimada en 93%, lo que deja un margen de maniobra limitado para ajustes de política pública. En ese contexto, la Contraloría advirtió que “si el recaudo no muestra una expansión sostenida, las posibilidades de aumentar la inversión social en los próximos planes de desarrollo serán restringidas”.
Desde la óptica del gasto, el análisis recordó que los gastos de funcionamiento se han mantenido entre 55% y 62% del presupuesto en los últimos años, con un aumento excepcional al 68% en 2020 por efecto de la pandemia. Este comportamiento, según el organismo, reduce la capacidad de reasignación del gasto ante escenarios de presión fiscal.
En cuanto a la contratación estatal, la revisión de datos del SECOP evidenció continuidad en modalidades como contratación directa, régimen especial y selección abreviada entre los períodos 2018–2021 y 2022–2025. Al respecto, la Contraloría reiteró que “la eficiencia del gasto público depende de una planeación rigurosa desde la formulación hasta la ejecución contractual”.
Finalmente, el organismo concluyó que no existe una crisis fiscal inmediata, pero sí riesgos acumulados que obligan a una estrategia técnica de manejo de deuda y presupuesto, con especial atención al muro de vencimientos previsto para 2029.
