Un informe periodístico de La FM que involucra a miembros de Fuerza Ciudadana en presuntos casos de acoso sexual a mujeres en contextos de poder motivó un pronunciamiento institucional con llamados a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral. Las denuncias vinculan a personas cercanas al candidato presidencial.
A través de sus canales oficiales de comunicación, la Defensoría del Pueblo solicitó acciones inmediatas tras conocerse una investigación periodística que da cuenta de presuntas conductas de acoso sexual dentro de Fuerza Ciudadana. Según la publicación, mujeres habrían sido objeto de solicitudes sexuales a cambio de beneficios laborales o ascensos, en un entorno marcado por relaciones de poder político.
La declaración oficial señaló que “de comprobarse los hechos y la responsabilidad, estaríamos ante el delito de acoso sexual, un hecho que constituye violencia basada en género contra la mujer”. La entidad recordó que los partidos y sus líderes deben rechazar la violencia contra las mujeres tanto en el discurso como en la práctica.
De forma concreta, pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones “con celeridad, transparencia, diligencia y garantías de protección para quienes denuncian”. También llamó al Consejo Nacional Electoral a examinar las denuncias “en el marco de sus competencias y conforme a la Ley 2453 de 2025”, la cual refuerza los mecanismos de protección de derechos políticos con enfoque de género.
El pronunciamiento incluyó una reflexión sobre el contexto estructural de la política colombiana: “Los espacios de proselitismo y activismo político no deberían ser hostiles para las mujeres, pero lo siguen siendo”, señaló la Defensoría, al recordar que los movimientos y partidos están llamados a adoptar políticas internas de no violencia, con responsabilidad directa de sus dirigencias.
En su comunicado, el organismo de control explicó que ha promovido la firma del “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz” por parte de las organizaciones políticas que aspiran a la Presidencia, el cual incluye expresamente la prohibición de discriminación y violencia por razones de género.
Como respuesta operativa, la entidad puso a disposición de las denunciantes su Mecanismo de Denuncia de Acoso Sexual en Contextos de Poder, ofreciendo acompañamiento, protección y seguimiento bajo principios de confidencialidad y atención sin revictimización. “Quienes hayan incurrido en tan graves hechos deben enfrentar las responsabilidades que corresponden”, se lee en uno de los apartes del comunicado.
Finalmente, es oportuno señalar que a pesar de haber sido radicadas hace tiempo, algunas denuncias se encuentran en fase preliminar y, hasta el momento, no hay decisiones judiciales en firme. Las autoridades deberán verificar si los hechos descritos configuran un patrón sistemático de abuso dentro de estructuras partidarias o si se trata de conductas individuales sujetas a investigación penal.
