La representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció que 24 personas habrían obtenido títulos profesionales con presuntas irregularidades y luego fueron contratadas por 16 entidades del orden nacional, en contratos que superan los $1.100 millones entre 2023 y 2025.
La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao Clavijo, del Partido Alianza Verde, denunció la existencia de un presunto “cartel de diplomas irregulares” que involucra a la Fundación Universitaria San José y a varias entidades del Gobierno nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro.
Según la denuncia, al menos 24 personas habrían recibido títulos profesionales con aparentes irregularidades y posteriormente fueron vinculadas como contratistas o funcionarios en 16 entidades del orden nacional.
Los contratos adjudicados entre los años 2023 y 2025 habrían representado un costo para el Estado de $1.102.094.108.
Las irregularidades
De acuerdo con la investigación adelantada por el equipo de la congresista, se identificaron dos tipos de posibles irregularidades en la expedición de los diplomas.
En el primer grupo se encuentran seis personas que, pese a figurar como graduadas, no registran la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, un requisito obligatorio para la obtención del título profesional.
El segundo grupo, conformado por 18 personas, corresponde a casos en los que la Prueba Saber Pro fue presentada en una fecha posterior al grado, lo que constituiría una presunta ilegalidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009, normas que exigen la presentación previa y obligatoria de este examen para la obtención de un título profesional en Colombia.
Entre las entidades que habrían vinculado a estas personas se encuentran el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con 10 casos; la Unidad Nacional de Protección, el Invima y el DANE, con dos casos cada uno; así como el Ministerio de Transporte, la DIAN, la Superintendencia de Servicios Públicos, el DAPRE, la Corporación Aeronáutica Colombiana, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la denuncia, al menos una de las personas habría celebrado contratos con más de una entidad estatal.
Ante estos hechos, la representante Juvinao hizo un llamado al Ministerio de Educación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes, con el fin de salvaguardar la moralidad pública y determinar las eventuales responsabilidades de la institución educativa, las entidades estatales y los funcionarios o contratistas involucrados en este presunto entramado irregular.
