La mesa directiva del Legislativo cuestionó la reducción de recursos aprobada por el gobierno para el próximo año y anunció acciones legales para evitar afectaciones en la seguridad, la operación institucional y la contratación de personal.
La disminución del presupuesto asignado al Congreso de la República para 2026 encendió las alarmas en el Capitolio Nacional. De acuerdo con la Dirección Administrativa del Senado, el Ejecutivo avaló cerca de 480.000 millones de pesos, pese a que la solicitud superaba los 556.000 millones, lo que abriría un déficit significativo para el normal desarrollo de las funciones legislativas.
El presidente del Congreso, Lidio García, cuestionó con dureza la decisión y aseguró que el ajuste presupuestal compromete la autonomía del Legislativo. A su juicio, el recorte no solo impacta la operación diaria, sino también la seguridad física y digital de la institución, así como la protección de su información.
“Reducir los recursos del Congreso es poner en riesgo su funcionamiento y aumentar su nivel de vulnerabilidad”, señaló García, quien calificó la medida como una acción deliberada para debilitar a una de las ramas del poder público.
El jefe del Legislativo anunció que acudirá a todas las vías legales disponibles para revertir el recorte, que ascendería a cerca de 170.000 millones de pesos frente a lo solicitado desde finales del año pasado. “Desde la Presidencia del Congreso tomaremos las medidas necesarias para salvaguardar su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional”, afirmó.
La preocupación también se extiende al ámbito laboral. La directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, advirtió que, si la falta de recursos no se corrige antes del 31 de enero, fecha en la que entra en vigor la ley de garantías, alrededor de 70 personas podrían quedarse sin contrato durante el primer semestre del año.
